El capitán Dreyfus y la guerra imaginaria del Dr. Bonadio

El 22 de diciembre de 1894, el capitán Alfred Dreyfus, oficial de artillería del ejército francés, fue condenado por traición a la patria. La instrucción, llevada adelante por un consejo de guerra apurado, determinó que era un espía de Prusia a partir de una carta de autoría dudosa. Su condición de judío lo transformó en el chivo expiatorio ideal para cerrar un caso de espionaje que ridiculizaba al gobierno, pese a la ausencia de pruebas y a sus constantes declaraciones de inocencia. La prensa dio rienda suelta a una histeria antisemita con fondo de nacionalismo mientras algunos manifestantes en París clamaban "¡Muerte a Dreyfus! ¡Muerte a los judíos!". El condenado fue enviado a la Isla del Diablo- una especie de cárcel bonaerense pero con malaria y cólera- y convertido en el mal absoluto.
 
Unos años después, a partir de la célebre carta abierta de Émile Zola (“Yo acuso” ) el caso volvió a interesar a la opinión pública. Los dreyfusards- a favor del capitán condenado- y los antidreyfusards- en su contra- dividieron a la sociedad francesa en una profunda grieta como la que solemos creer que inventamos nosotros. Unos criticaban un juicio escandaloso; los otros denunciaban al judaísmo internacional, al parecer enemigo de la nación francesa pero asombrosamente amigo de la nación prusiana (el antisemita suele estar más enemistado con el discurso lógico que con los judíos).
 
Dreyfus fue finalmente indultado en 1899 y unos años después rehabilitado, aunque sin el mismo estruendo con el que había sido condenado. Como explicó Joseph Reinach, uno de sus defensores, “no son más los hechos controlados los que establecen la convicción; es la convicción soberana e irresistible que distorsiona los hechos.”  Ocurre que el crimen era tan atroz que no requería de prueba alguna.
 
En enero del 2015, el fiscal Nisman presentó una denuncia contra la presidenta CFK, su canciller Héctor Timerman, Luis D’Elía y Fernando Esteche- líder del grupúsculo Quebracho- por encubrimiento al atentado a la AMIA a través del memorando con Irán firmado unos años antes.
 
Así, el gran aporte del fiscal designado en 2004 al frente de una unidad especial de investigación del atentado a la AMIA, luego de investigar durante diez años, fue denunciar que la ex presidenta habría intentado encubrir el atentado veinte años después de ocurrido, a través de un acuerdo secreto con Irán votado por el Congreso, de las alertas rojas de Interpol que la Argentina nunca pidió eliminar y de la intermediación de D’Elía y Esteche, ciudadanos que carecían de cualquier responsabilidad oficial.
 
Pese a la enorme presión de la opinión pública que generó la muerte del fiscal Nisman, cinco instancias judiciales rechazaron su denuncia, incluyendo al juez Rafecas, quien declaró que “ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”.
 
Para lograr sortear esas barreras legales y resucitar la denuncia, el juez Bonadío- el mismo que fue apartado de la causa real del encubrimiento al atentado por “dudas razonables sobre su proceder imparcial"  inventó un conflicto bélico con Irán, algo asombroso aún para el estándar generoso de nuestra #JusticiaFabioZerpa, de máxima creatividad.
 
El atentado a la AMIA sería un acto de guerra y su encubrimiento- refutado por cinco instancias judiciales e incluso por Interpol- constituiría entonces traición a la patria, crimen por el que el juez procesó no sólo a los denunciados por el fiscal Nisman sino que sumó a Oscar Parrilli, Carlos Zannini y el Cuervo Larroque. Con ahínco patriótico y siguiendo un tratamiento reservado a los opositores e iniciado con Milagro Sala, encarceló preventivamente a Zannini, D’Elía y Esteche y pidió el desafuero de la senadora CFK. Por el avance del cáncer que padece, a Héctor Timerman le fue concedida con magnanimidad la prisión domiciliaria.
 
Según nuestro Código Penal, la traición a la patria consiste en tomar las armas contra la nación y presupone una guerra declarada o al menos la existencia de hostilidades. La guerra imaginaria del Dr. Bonadio es un conflicto tan sigiloso que consiguió pasar desapercibido tanto en las cancillerías de ambos países que desde 1994, año del atentado, persisten en mantener relaciones diplomáticas como también entre las empresas que continúan fomentando el comercio bilateral.
 
En realidad, como ocurrió con el caso Dreyfus, a nadie le importa la verdad (de hecho ninguno de los medios que relanzan a diario la denuncia de Bonadio se interesan por el juicio oral de la causa del encubrimiento del atentado). Hoy, como hace 120 años, lo que prevalece es la razón de Estado apoyada por aliados estratégicos como la justicia y la prensa, que impulsan la histeria frente a un mal absoluto que no requiere de pruebas: el diabólico judaísmo internacional ayer, el kirchnerismo satánico hoy.
 
A diferencia del Estado Mayor francés, el gobierno y nuestra Santa Trinidad- conformada por los medios, la Justicia Federal y los servicios- no esperan que CFK termine encadenada en un calabozo de la Isla del Diablo. Su objetivo, más realista, es disciplinar a la oposición para que el oficialismo avance con su árida agenda económica, como las reformas previsional y laboral que se discuten en estos días.
 
El resto, como decía Paul Verlaine, un contemporáneo del capitán Dreyfus, es literatura.