Frenan el traslado del Mercado de Hacienda a La Matanza

El Juzgado Federal Número 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín notificó sobre su fallo de prohibir el avance de las obras del traslado del Mercado de Hacienda del barrio de Liniers a terrenos de la localidad de Aldo Bonzi, en La Matanza. De esta manera, la Justicia hizo lugar al amparo solicitado por la intendenta de aquel distrito, Verónica Magario, informa Letra P.
 
El juzgado interviniente ordenó “la suspensión de toda obra que altere el inmueble”, agregando asimismo que, “en el plazo de 5 días, la Corporación del Mercado Central, el Ministerio de Agroindustria, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Mercado de Hacienda de Liniers brinden la información respecto del interés público comprometido así como las condiciones de admisibilidad y procedencia del traslado indicado, información negada hasta la fecha a la Municipalidad no obstante reiterados pedidos en tal sentido”.
 
Magario destacó a Letra P que “estamos muy contentos, porque hoy 29 de diciembre he venido a notificarme de la presentación que hicimos para que no se instale el Mercado de Hacienda en ese lugar y ha salido una medida cautelar para que se suspendan todas las obras que se estaban desarrollando”.
 
El proceso de traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a un predio de la Corporación del Mercado Central, ubicado en La Matanza, comenzó el 7 de octubre de 2016, cuando el Gobierno nacional a través del Secretario de Comercio de la Nación, la gobernadora María Eugenia Vidal y la Ciudad de Buenos Aires instruyeron por escrito y de manera reservada a las autoridades del Mercado Central para que avancen en el traslado, lo que derivó en la posterior firma de un convenio para formalizar el proyecto.
 
Cuando se enteró del fallo, Magario envió un mensaje para ratificar su compromiso en la lucha en contra de lo que sería un terrible foco de contaminación para los vecinos. “Quiero expresarles y decirles a todos los vecinos que la Justicia ha hecho justicia, están paradas las obras y no se podrá avanzar con ese proyecto que iba a traer deterioro y contaminación a nuestras localidades y por lo cual nunca fuimos consultados nosotros como autoridades ni los vecinos”. La intendenta terminó asegurando que “ésta es una gran noticia de fin de año para los matanceros”.
 
El Municipio de La Matanza ha venido advirtiendo que el ingreso de más de 1.250.000 animales por año a los barrios del distrito generaría un impacto ambiental insoportable para los vecinos, tanto por el vuelco de líquidos contaminantes que afectarían seriamente suelos y napas, como por la saturación vehicular y el exceso de peso sobre las capas asfálticas. Esas zonas del municipio terminarían con calles destrozadas y afectará seriamente el tendido de redes o caños subterráneos, como los de agua, gas y cloacas, producto de la presencia de más de 115.000 camiones al año.
 
La intención de trasladar la empresa privada del Mercado de Hacienda de Liniers a las inmediaciones de las localidades de Aldo Bonzi, Tapiales, Ciudad Evita y Ciudad Madero, tuvo el impulso de un acta firmada por el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, a instancias de la gobernadora María Eugenia Vidal.
 
Magario denunció el hecho al señalar que fue “un acta firmada casi en secreto como se manejan las mafias y así tirarnos más de un millón de animales por año en los barrios de La Matanza, para quitarle un problema ambiental a los porteños y garantizarles un gran negociado a los dueños de las vacas”.
 
Magario entregó cartas al presidente Macri, a la gobernadora Vidal y al jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta, solicitando conocer los actos administrativos, planes, planos, estudios ambientales, acuerdos o convenios para el traslado del Mercado de Hacienda a La Matanza. Magario advirtió a las autoridades sobre el enorme perjuicio que supondría la instalación de ese negocio en el territorio del municipio que gobierna, agregando su presunción de que se estaba pretendiendo eludir el ejercicio del poder policial municipal, que incluye el control sanitario y la facultad de imposición, reconocidas por la Constitución Nacional con base en la autonomía municipal.
 
“Nunca nos informaron, jamás nos consultaron y ni siquiera respondieron las cartas que les envié. Tuvimos que llegar a una instancia judicial porque intentan imponer un proyecto por la fuerza, mediante caminos ilegales e inconstitucionales, en contra de los vecinos y de toda la comunidad”, agregó la jefa comunal.