Las mujeres pagamos más caro el ajuste

Corriendo el velo del márketing y desnudando sus verdaderos intereses de clase en connivencia con los sectores concentrados de la economía y los grandes actores del sistema financiero internacional, Cambiemos puso en la agenda del último mes del año las reformas tributaria, previsional y laboral. La primera y la segunda con un objetivo material y de corto plazo que es poder recaudar para la Provincia de Buenos Aires, el bastión electoral nacional. Ambas bajo el estandarte de la ortodoxia: la reducción del “gasto público”.

La tercera, como formalización de un cambio cultural que viene sucediendo en el subsuelo de nuestra Patria (el mundo del trabajo lastimosamente hace mucho dejó de ser el del Pleno empleo de mitad del siglo pasado), que modifique la ley de contrato de trabajo con menos garantía de derechos para el conjunto de los y las trabajadores y tirando hacia abajo cualquier convenio colectivo que se inscriba en ese marco.

Esta reforma laboral se sostiene sobre dos ficciones que lejos están de tener un correlato real: la paridad de las relaciones de fuerza entre el/la empleador/a y el/la trabajador/a y la suposición de que a partir de esta reforma se generarán mayores condiciones para la contratación, cuando  muchos creemos que se facilitarán las condiciones para los despidos. Uno de los núcleos centrales de esta reforma es la modificación del cálculo de las indemnizaciones, una de las pocas que piensa el empleador antes de despedir a un/a trabajador/a, bueno, a partir de esta reforma (¿o ajuste?) se deprecian las garantías históricas de la seguridad social, y en consecuencia se transfiere el ingreso desde el sector trabajador al empresarial.

El gran acierto de las organizaciones populares, luego de lograr posponer el tratamiento de la reforma laboral, fue hacer eje en la reforma previsional y dejar en claro ante un gran sector de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, que el paquete de leyes oficialista y en particular la reforma previsional implicaba un profundo ajuste sobre los ingresos de los jubilados y jubiladas y las beneficiarias de la Asignación universal por hijo: le metieron la mano en el bolsillo a los viejos y a las pibas.

En este marco, nos interesa en el presente artículo destacar que mientras crece en todo el país la preocupación social por las cuestiones de género y los derechos de las mujeres, y se extiende el activismo y la organización, estas leyes conllevan también una importante discriminación en materia de género, afectando con más ahínco a las mujeres trabajadoras.

Si uno de los principales problemas que tenemos las mujeres en el mundo laboral es nuestra doble jornada de trabajo (aquella que corresponde a nuestro trabajo formal, y aquella vinculada a las tareas de cuidado de nuestros hijos, hijas, hogar y abuelxs), tanto la Asignación Universal por Hijo como la moratoria fueron medidas del anterior gobierno tendientes a visibilizar la recarga laboral que pesa sobre las espaldas de las mujeres y a que este tenga un reconocimiento salarial.

El 99% de quienes administran la AUH son mujeres; a su vez, el 86% de las personas que ingresaron a la moratoria también son mujeres. En el último caso, muchas de ellas fueron amas de casa toda su vida, estuvieron a cargo de las tareas del hogar y la moratoria oficia de un reconocimiento salarial por aquel trabajo, que aporta una función a la sociedad en su conjunto. Como una profecía autocumplida, Mauricio Macri firma el fin de la moratoria para amas de casa, en septiembre del 2016. El mito de que aquellas mujeres no trabajaron, forma parte de las transformaciones culturales que debemos realizar. Fue a nuestras madres y tías a quienes se les reconoció el trabajo de toda su vida. El movimiento feminista avanza en visibilizar las tareas de cuidado socialmente.
  Asimismo, las mujeres trabajadoras en relación de dependencia, históricamente sufrieron mayores grados de precariedad y falta de registración adecuada, por lo que sus patronales no realizaron los aportes correspondientes.

En el mundo del trabajo, las mujeres nos encontramos perjudicadas en dos planos. Por un lado se ha llamado desigualdad horizontal a la situación en el mundo del trabajo por la cual  aquellos trabajos donde la población de trabajadorxs somos mayoritariamente mujeres (como la docencia y la enfermería por ejemplo), el reconocimiento salarial es mucho menor que en trabajos con población mayoritariamente masculina. Y asimismo el concepto de desigualdad vertical remite a las mayores dificultades que encontramos las mujeres en el período etario en el que somos madres, para poder concursar, ascender y acceder a cargos de mayor jerarquía.

Así, se le llama “techo de cristal” a los límites materiales y subjetivos que dificultan el acceso a cargos de poder en lo laboral, y en lo representativo sindical y político. Tener la responsabilidad de cuidar a nuestros hijxs nos dificulta a concursar en un cargo jerárquico; pero a su vez, la sociedad nos va diciendo desde que somos chiquitas que el poder no es para nosotras, que mejor el aula que la supervisión o el Ministerio de educación, y como ese tantos otros ejemplos. Las mujeres del sistema político han dado un gran paso en sancionar la ley de Cupo la cual dará mayores oportunidades a las mujeres, en condiciones de igualdad con los varones. Dejar de discutir las “capacidades” de unos y de otros para discutir las “posibilidades” forma parte del recorrido que debemos hacer en otros ámbitos.

Es en este marco, que el impacto de las medidas de ajuste de Cambiemos en lo previsional y en lo laboral perjudican fundamentalmente a quienes ya corremos con desventaja en términos de condiciones de trabajo y salariales, las mujeres. Por sólo mencionar un dato, la desocupación según género en el sur de la Ciudad, es del 6% para los varones y del 10% para las mujeres. Las patronales suelen preguntarnos si tenés hijos, si pensás tenerlos, dando por supuesto que la responsabilidad de su cuidado recae sobre las espaldas nuestras, sin lugar a dudas.

Así, con una reforma previsional que castiga con particularidad a las mujeres, y una reforma laboral que violenta los principios básicos del derecho protectorio del trabajo, la ampliación de la licencia parental en el proyecto de LCT oficia de "lavado de cara", como medida progresiva chiquita en el marco de una gran reforma regresiva para los sectores populares.

Es llamativo el contrapunto que se presenta en esta coyuntura histórica: mientras tenemos un Gobierno nacional de ajuste en lo económico y conservador en lo político, el Movimiento feminista –desde la primera convocatoria de Ni Una Menos desde el 3 de junio del 2015 a esta parte- profundiza los debates y discute todo el orden establecido. Algunas dicen que el feminismo es como ponerse unos lentes donde una (o uno) comienza a ver toda una realidad desigual desde una perspectiva transversal, en el ámbito público y en lo personal que también es político. Un gran envión para discutir con Cambiemos el proyecto de país, una puerta de entrada distinta y novedosa para nuevas mujeres  (y por qué no varones) y una vara bien alta para la sociedad igualitaria que soñamos.