Intimaron a la Secretaría de Tercera Edad por irregularidades en dos hogares para ancianos

Falta de protección contra incendios. Irregularidades edilicias. Filtraciones de agua y cielorrasos agujerados en los baños. Salidas de emergencia en malas condiciones. Falta de registros de ingresos a las instituciones y falta de control en las historias clínicas. Estas son sólo algunas de las irregularidades en los Hogares de Ancianos "Guillermo Rawson" y "Alejandro Raimondi" por las que la Asesoría Tutelar número 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario intimó a la Secretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad.

Los hogares en cuestión son dos de las cuatro instituciones para ancianos que dependen del Gobierno porteño. El hogar Alejandro Raimondi funciona en Necochea, en un predio donado para tal fin, adonde la Ciudad deriva a los internos. A kilómetros de distancia, la falta de control hizo estragos: las investigaciones por su situación comenzaron en 2012 por parte de la Asesoría Tutelar 1, según contó a Nueva Ciudad su titular, Gustavo Moreno. De acuerdo a la intimación, las obras iniciadas para revertir la situación de entonces quedaron frenadas en los últimos dos años. “Lo que más preocupa es que el propio cuartel de bomberos dice que no están dadas las condiciones de seguridad. Y el informe de la Asesoría Tutelar de allá es lapidario”, resaltó.

Salidas de emergencia cerradas con llave, matafuegos que el personal no sabe usar, sectores de kinesiología y odontología cerrados –pese a las necesidades de las personas de la tercera edad en este aspecto- son algunos de los problemas señalados en relación al hogar Alejandro Raimondi, según consta en la intimación presentada hoy al secretario de Tercera Edad de la Ciudad, Sergio Constantino.

En el hogar Guillermo Rawson, en tanto, a las irregularidades edilicias se suman las que fueron detectadas en las historias clínicas, donde no hay registros de evaluaciones de antecedentes, controles médicos periódicos, análisis clínicos regulares, cambios de tratamiento sin consentimientos escritos, etc. Por todo esto, el 22 de noviembre pasado el asesor tutelar presentó una denuncia penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 5.

En cuanto a las intimaciones, el Gobierno tiene un plazo de 20 días hábiles para responder qué medidas tomará. En caso de no hacerlo, ambos casos podrían judicializarse. “Lo menos que puede hacer el Gobierno mientras tanto es abstenerse de nuevos ingresos”, resaltó el asesor,  hasta tanto soluciones la larga lista de irregularidades en las instituciones que deberían garantizar la seguridad y salud de los ancianos.