- Sociedad
- 19.01.2018
SALUD Y DERECHOS
Denuncian que el hogar de ancianos Guillermo Rawson viola la ley de salud mental
Un nuevo informe advierte sobre la situación de uno de los hogares de ancianos que depende del Gobierno de la Ciudad. El Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental alertó sobre “deterioro edilicio muy grave, irregularidades en la protocolarización de la atención y falta de servicio médico adecuado”.
A principios de enero se conoció la intimación a la Secretaría de Tercera Edad, por parte de la Asesoría Tutelar, por irregularidades en dos hogares para ancianos que dependen del Gobierno de la Ciudad. Uno de ellos, el Guillermo Rawson. Ahora, una nueva denuncia recae sobre esa institución: el Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental cuestionó su funcionamiento y la falta de proyecto institucional, en un hogar donde el 60% de los pacientes padecen trastornos mentales.
“Constatamos un deterioro edilicio muy grave, irregularidades en la protocolarización de la atención y la falta de servicio médico adecuado”, dijo la Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión, Graciela Iglesias, al diario PáginaI12. La conclusión surgió de una visita realizada para evaluar a dos personas residentes en la institución, ubicada en Amancio Alcorta 1402. Tras el recorrido, se requirió a las autoridades del gobierno y del Hogar Rawson “la adecuación del abordaje de los tratamientos a lo que dispone la ley de Salud Mental y la reestructuración edilicia”.
La visita que originó la denuncia fue realizada por el equipo técnico del organismo encargado de proteger los derechos humanos de los usuarios en los servicios de salud mental. El informe del equipo interdisciplinario alerta que es necesario “tomar distintas acciones y abordajes que permitan diferenciar el carácter” del establecimiento, es decir, determinar si es un centro “sanitario o un hogar de convivencia para personas mayores”. En cualquier caso, señala que es necesario un abordaje integral que acorde al artículo 19 de la Convención asegure la “atención preferencial y el acceso universal equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad”.
Iglesias agregó que “hay personas en distintos estadios de su vida y situación. Algunos con afectación en su salud mental, pero otros no. Y es necesario que se modifiquen las condiciones para que quienes están alojados tengan una vejez proactiva y el lugar no sea un depósito de personas”.
En cuanto a la falta de servicio médico, el informe señala que el Hogar no cuenta con el servicio “necesario para resolver de manera autónoma las situaciones que se presentan”, y que el médico clínico del establecimiento sostuvo que “sólo cuenta con suero, oxígeno y algunos medicamentos, teniendo que acudir al hospital Penna ante una eventualidad”. Además, en el lugar falta personal propio para la atención psiquiátrica, por lo que cada dos semanas días acude un psiquiatra del Hogar San Martín.
La infraestructura fue otro de los blancos de las críticas del equipo de revisores, quienes señalaron que las irregularidades en las condiciones de habitabilidad representan “una franca violación a los derechos” de los residentes. Este aspecto ya había sido mencionado en la intimación presentada por el asesor tutelar Gustavo Moreno: puertas de emergencia cerradas, falta de mangueras hidrantes, conexiones eléctricas sin tapas, falta de matafuegos.
Además de requerir la adecuación del abordaje de los tratamientos de salud mental, el organismo pidió a las autoridades de la institución que no continúen con el ingreso de personal al lugar, hasta que se “adopten las medidas pertinentes de reestructuración habitacional y edilicia”.
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