El Ministerio de Trabajo dará de baja más de 13 mil planes asistenciales

Como respuesta a las últimas movilizaciones, ante la exigencia de la aplicación total de la Ley de Emergencia Social, el tratamiento en el Congreso de una Ley de Emergencia Alimentaria y en el marco de un fuerte recorte presupuestario promovido desde el Ejecutivo, el Gobierno nacional decidió recortar este verano más de 13 mil planes de asistencia que otorga el Ministerio de Trabajo. La provincia más perjudicada será San Juan y su gobernador, José Luis Gioja, ya advirtió una "crisis social de prooprciones".

La cartera que conduce Jorge Triaca maneja unos 283 mil programas de empleo y, en base al recorte presupuestario impulsado por el Ejecutivo, esta semana se darán de baja 5.537 planes de Entrenamiento para el trabajo, que se completarán en enero con 8.000 bajas más, según adelantaron fuentes oficiales al diario Clarín. Desde el Ministerio explicaron que los beneficiarios no pudieron demostrar una contraprestación a ese beneficio el año pasado, por eso se les quitará la asistencia.

Los planes de Entrenamiento están destinados a aquellas personas que se capacitan para insertarse en el mercado laboral. Son unos 80 mil programas que gestionan organizaciones sociales y los beneficiarios reciben tan sólo $1.800 mensuales. Si bien el plan es dar de baja 13.537 planes entre enero y febrero, desde Trabajo adelantaron que 28 mil beneficiarios no pudieron demostrar que se estén capacitando. Con el recorte, se dará de baja el 35% de los programas.

San Juan será la provincia más afectada, seguida de Jujuy, y Gioja ya advirtió que se corre "el peligro de que esto desate una crisis social de proporciones. Nos recortan fondos para obras públicas, buscan la división entre los sanjuaninos y ahora nos quieren generar un caldo de cultivo para que se provoque un conflicto social recortando planes".

La intención del Ministerio de Trabajo es trasladar parte de los planes hacia el salario complementario que maneja Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. Los beneficiarios de este programa perciben $4.300 mensuales, una ayuda para alcanzar el salario mínimo, vital y móvil.