La Justicia le dio la razón a la comunidad educativa de la Villa 31 que rechaza la “escuela-galpón”

El Juzgado de 1era Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dio lugar a la medida cautelar y dio la razón así al reclamo de la comunidad educativa que rechaza el traslado a una “escuela-galón” mientras se realizan las obras del nuevo polo educativo.

“El juez dictó hoy su resolución sobre el Galpón de la Villa 31 que Horacio Rodríguez Larreta quiere usar como escuela. Reconoce varios de los reclamos sobre sus condiciones de infraestructura, de seguridad, de accesibilidad y de cantidad de vacantes”, escribió la legisladora Paula Penacca, en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Lamentablemente el edificio de las escuelas que quieren trasladar ya fue demolido, sin escuchar los reclamos de la comunidad de la Villa 31. Esperemos que el Gobierno al menos cumpla con los requisitos del Juez para cuidar a estudiantes y docentes”.

Además de dar lugar a la medida cautelar, el fallo establece la correspondiente aplicación de multas, en caso de incumplimiento, a la Ministra de Educación de la Ciudad, María Soledad Acuña, en el marco del expediente "Tintalla Escalante Paola y otros c/ Gobierno de la Ciudad s/ Amparo" 77999/2017.

El caso refiere a la demolición del edificio donde, hasta el año pasado, funcionaban tres escuelas públicas en la Villa 31 (Escuela Primaria N° 25 "Bandera Argentina", Escuela Infantil N° 5 y Escuela Media N° 6 "Padre Mugica"), para su traslado a un galpón ubicado en la calle Castillo 1720, también en las inmediaciones del asentamiento del barrio de Retiro.

Según observaron las autoridades judiciales, tal como denunciaron los miembros de la comunidad educativa junto al colectivo de letrados "Nace un Derecho", la "escuela galpón" es ruinosa, sin estructura y condiciones básicas para el normal funcionamiento del ciclo lectivo.

En su fallo, el juez da al Gobierno de la Ciudad un plazo de cinco días para que informe el plazo total de finalización de proyectos, que deberá ajustarse a las previsiones del Código de Edificación y “garantizar el acceso a la institución de forma segura”, además de disponer del mismo número de vacantes que había en estas escuelas, así como transporte, corredores seguros y todo a tiempo para constatar el cumplimiento antes del inicio del ciclo lectivo.