El sistema de transporte público de bicicletas, más cerca de pasar a manos privadas

En la primera audiencia pública de 2018 realizada en la legislatura porteña se debatió la concesión del Sistema de Transporte Público en Bicicleta -STPB- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el llamado a licitación pública por un plazo máximo de 10 años. Pese a que hubo voces en defensa de los buenos resultados alcanzados y en reclamo de que siga siendo un servicio estatal, el sistema quedó a un paso de la privatización. Aseguran que seguirá siendo gratuito para los usuarios.

La audiencia debatió la ley impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para concesionar la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación del STPB mediante el llamado a licitación pública por un plazo máximo de 10 años.

“El nuevo sistema duplicará esta prestación gratuita a través de 400 estaciones con un máximo de cinco cuadras de distancia entre una y otra, 4.000 bicicletas y 24.000 viajes diarios. Las estaciones serán sustentables, alimentadas por energía solar, modulares y no requerirán obra civil", dijo la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Movilidad sustentable y segura, Julieta Belén Peruzzo.

Por su parte la asesora del área legal de la Secretaría de Transporte, Carolina Luchi, se refirió al mecanismo de financiamiento que postula la ley: por publicidad, sponsoreo y pago de un porcentaje fijo del Gobierno de la Ciudad al concesionario. Destacó que "se contempla una auditoría trimestral sobre los ingresos de publicidad y sponsoreo y otra auditoría semestral sobre el funcionamiento integral del sistema".

Todos los participantes coincidieron en la eficacia del sistema de transporte en bicicletas, por lo que muchos defendieron que continuase siendo público. Sin embargo, según consignó el área de prensa de la Legislatura, la mayoría apoyó la privatización aunque hubo alertas sobre el destino final de la inversión pública hecha por los contribuyentes y la forma de financiamiento a los futuros prestadores.

"El pliego debe incluir una fuerte campaña de concientización para evitar accidentes en ciclovías", propuso el representante de la Defensoría del Pueblo, y sugirió "desarrollar las guardas públicas" y "especificar la rentabilidad del operador privado dado que se desconocen los costos de la inversión anterior y futura".

Las intervenciones concluyeron con palabras de la madre de Sofía Osswald, la joven de 26 años que trabajaba como agente de prevención en Parque Chacabuco y el miércoles 3 de enero pasado murió atropellada por un colectivo cuando circulaba con su bicicleta por la calle Perú al 900, en el barrio de San Telmo. Nelvi Volders remarcó el acompañamiento de la asociación Madres del dolor y de Masa Crítica Buenos Aires y refirió a otros dos ciclistas muertos por colectiveros: Franco Sánchez (19) e Isabel Vera (44), embestida cuando circulaba por una ciclovía.

La Audiencia tuvo lugar este mediodía en el Salón San Martín de la sede parlamentaria y fue presidida por la diputada Cristina García (VJ), titular de la Comisión de Tránsito y transporte. Además en la mesa estuvieron sus pares Paula Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto; Claudio Cingolani, Maximiliano Ferraro, Victoria Roldán Méndez (VJ) y Marcelo Guouman (SUMA+).

En diálogo con el portal Parlamentario, García explicó que “la ley consiste en que el Estado deje de gestionar el sistema y pase a ser llevado adelante por la empresa que gane la licitación, lo que va a tener de nuevo es que se va a mantener a través de publicidades y sponsors” y señaló que “el servicio no va a tener ningún tipo de costo para el usuario, para poder seguir fomentando el uso de la bicicleta”.