A días del 24 de marzo, Cecilia Pando comenzó a dar clases en una escuela primaria porteña

La defensora de genocidas y negacionista Cecilia Pando fue contratada como docente en una escuela católica del barrio de Palermo, para dar clases en séptimo grado. La noticia se conoció a pocos días del 42° aniversario del último golpe de Estado y generó gran revuelo en las redes.

Pando, reivindicadora de la última dictadura cívico-militar, comenzó a trabajar como maestra en el Colegio Francesco Faà Di Bruno, en Nicaragua 5668. Se trata de una escuela católica que, según la información oficial, “asume su tarea educativa como participación en la misión apostólica de la Congregación de Hermanas Mínimas de Nuestra Señora del Sufragio, en el marco de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. Por ello, aspira a ofrecer un modelo de educación integral de calidad, portadora de valores profundamente humanos y cristianos, entendiendo que no «es posible […] una verdadera educación: sin la luz de la verdad»”.

El martes, cuando el dato de la contratación de Pando para educar nenes y nenas comenzó a circular en redes, ella publicó en su cuenta de Twitter: “Hace dos días comencé a trabajar en un colegio como maestra, feliz de volver al aula, a lo que más me gusta y poder ayudar en mi casa con los gastos. Ya los intolerantes de siempre están difundiendo que la ‘defensora de los genocidas’ como ellos me llaman está trabajando, como si no tuviera derecho a trabajar por pensar distinto. Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas!!! Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones!!!”.

Cabe recordar que Pando es titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, y niega los delitos ocurridos durante la última dictadura, como el robo sistemático de bebés, y cuestiona la existencia de los 30.000 desaparecidos.

Consultados por el diario Página 12, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad intentaron despegarse de la designación y aclararon que el Gobierno no tiene injerencia en los nombramientos de docentes de las instituciones privadas.