Quemar las naves

Termovalorización. Con ese nombre tecnocrático, futurista y pretencioso el macrismo buscará disfrazar lo que las organizaciones ambientalistas señalan como el fracaso final de las políticas de reducción de la contaminación: el retorno de la quema de basura. Sin ninguna intención ya de cumplir la Ley de Basura Cero (nunca lo hicieron), el PRO presentó la semana pasada un proyecto para volver a permitir la incineración, el método primitivo con el que la Ciudad comenzó a tratar sus residuos en sus orígenes en el siglo XIX (la quema), pero que ahora vuelve con marketing macrista de método nuevo y eficaz. Está prohibido desde 2005 por las consecuencias ambientales que generaba. Ahora prometen que no traerá problemas.

Como explicamos hace un año en un informe especial sobre la basura de Nueva Ciudad, el negocio de la recolección es el más caro y el más ineficiente que sostiene el Gobierno porteño. La Ciudad nunca cumplió con la Ley de Basura Cero, destinada a producir una reducción progresiva de las toneladas de basura que se envían al CEAMSE. El año pasado seguían siendo 6700 toneladas por día, cuando la meta anual era de 374 toneladas. En lugar de eso, se enterraron 1.202.101 toneladas. Es decir: tres veces más. El contrato de la basura le cuesta al Estado porteño 8.500 millones de pesos, y ahora buscan sumar un nuevo negocio, llamado “termovalorización”, por el que quemarán los residuos no reciclables (que son la gran mayoría).

Sin ninguna intención ya de cumplir la Ley de Basura Cero (nunca lo hicieron), el PRO presentó la semana pasada un proyecto para volver a permitir la incineración.

El periodista Gustavo Sarmiento adelantó en una nota en Tiempo Argentino cómo iban ser las etapas de instalación en la opinión pública: “Primero, algún ‘especialista independiente’ venera esta modalidad millonaria que quieren implementar en siete sitios del Area Metropolitana (AMBA), porque el relleno de la Ceamse ‘está por colapsar’; le siguen notas en grandes medios oficialistas realizadas desde las ciudades europeas donde hoy funcionan estas plantas, con viajes pagados por las propias autoridades. ‘Abrir el debate.’ Y ahora, en cuestión de días, vendrá el anuncio del proyecto de incineración”, indicaba Sarmiento. Se cumplió paso a paso: la semana pasada Clarín y La Nación anunciaron con bombos y platillos la llegada de la iniciativa.

“En cinco años ya no habrá lugar para enterrar los residuos y desde la Ciudad buscan opciones”, indicó Clarín, sin aclarar que el incumplimiento de la Ley de Basura Cero, de la mano del negociado de la basura, es el que lleva a ese colapso. El gran diario argentino dedica una larga parte de la nota a explicar las bondades del sistema y por qué no contaminará. La Nación hasta le destinó una infografía.

Actualmente, está prohibida por ley la "la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía". El proyecto que enviaron Larreta y su ministro de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, busca permitirla solo para la recuperación de energía. Pero introduce otras modificaciones. La Ley de Basura Cero planteaba una reducción progresiva de los residuos que se envían al CEAMSE tomando como parámetro la cantidad de 2004 (4000 toneladas por día). La modificación cambia ese parámetro de referencia al de 2012 (5.838 toneladas por día) y también modifica los plazos: la Ley de Basura Cero ponía como plazo final 2020. La modificación patea la pelota hacia 2028.

En el medio, el Gobierno porteño planea inaugurar tres plantas de incineración en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires, para empezar a hablar. La idea es llegar a siete. Las comparaciones con Europa, donde se utiliza ese sistema, están a la orden del día. Pero lo que no se menciona es que Europa está dando marcha atrás con ese tipo de plantas: se propone no abrir nuevas y cerrar las que existen. Lo que explica por qué las empresas buscan un nuevo mercado, por ejemplo, en la Argentina o México. La que está sobrevolando el negocio actualmente es Veolia, una multinacional proveniente de Francia.

El contrato de la basura le cuesta al Estado porteño 8.500 millones de pesos, y ahora buscan sumar un nuevo negocio, llamado “termovalorización”, por el que quemarán los residuos no reciclables.

 

Unas 35 agrupaciones ambientalistas firmaron un documento conjunto para advertir sobre la contaminación que plantea esta metodología: los hornos emiten sustancias tóxicas como dioxinas y furanos, que pueden reducirse pero no eliminarse completamente. Las cenizas que quedan son altamente contaminantes y son tratadas como residuos peligrosos. ¿Dónde piensan enterrarlas?, es una de las preguntas que surgen. Los ambientalistas además advirtieron sobre el “fracaso” de las políticas macristas para reducir la basura y sobre el riesgo laboral que representa para los 10 mil cartoneros que están formalizados (se sabe que en los lugares donde se instalaron plantas, se desincentivó el reciclado). Aquí les dejo un matiz: la política de reducción de la basura sería fracaso solo si realmente se hubieran propuesto terminar con el negocio de la basura, que está vivito y coleando, gracias al incumplimiento de la Ley de Basura Cero.

Un informe de la Auditoría porteña, que conduce Cecilia Segura, indica que para este año la Dirección General de Reciclado tuvo que destinar un 46,6 por ciento más de su presupuesto producto de no haber cumplido las metas establecidas. Durante los últimos nueve años se fueron 3100 millones de pesos en ese objetivo.

El equipo de Segura también advierte que existe una derivación electoral de ese negociado: existe una empresa contratada por las recolectoras de basura para hacer marketing en función de promover la cultura del reciclado (es algo previsto por la ley) y que fue aportante de la campaña macrista. Cuatro de las seis empresas que tienen el contrato de basura trabajan con una consultora llamada Marketing Líquido. En 2015, esa consultora aportó medio millón de pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri. Una de las donaciones más generosas. El negocio, como vemos, sigue siendo redondo.