- Opinion
- 08.04.2018
EL NEGOCIO DE LAS GRÚAS SALVAJES
El cuento de los parquímetros
Luego de anular una licitación por los parquímetros, la gestión PRO modificó una ley que obligaba a los privados a financiarlos y pasó a ser el Estado el que pone la plata. La empresa ganadora es la misma que paró todo con una cautelar por haber perdido la primera licitación que se hizo.
El cuento es así: la concesión del acarreo está desde la época del intendente menemista Carlos Grosso en manos de dos empresas. Se votó una ley para cambiar el sistema anterior, que le dejaba las migajas al Estado mientras que las empresas se llevaran la parte del león. Se hizo una licitación para cubrir la ciudad con parquímetros. Pero, por una serie de cambios en el contrato que hizo la gestión PRO, una empresa multinacional que había competido y perdido se presentó a la Justicia y consiguió frenar el proceso de adjudicación. El Gobierno porteño, finalmente, anuló esa primera licitación y consiguió aprobar otra ley para el estacionamiento medido. ¿La principal diferencia? Ahora los parquímetros no los pagan los privados sino que los financia el Estado. Esta semana se conoció el ganador de la licitación y es… ¡Sorpresa! La misma empresa que había perdido y había ido al Poder Judicial. Se trata de Parkeon, una multinacional con origen en Francia. Ya tiene preadjudicada la instalación de 2200 parquímetros por lo que se llevará 552 millones de pesos. En la oposición sospecha que detrás de todo siguen estando las mismas dos empresas que vienen del menemismo profundo.
Nada menos que 17 años pasaron desde que las empresas Dakota y BRD deberían haber entregado la concesión. Como conté por acá, el sistema que nos rige hoy es el mismo que se pergeñó en pleno menemismo: un Estado bobo que cobra un canon de 55 mil pesos mensuales y dos empresas privadas que recaudan cifras cercanas a ocho millones de pesos por mes. A esto hay que agregarle los subsidios ocultos que el Gobierno porteño les paga a las empresas y que superan el canon que ellas deben pagar al Estado. En suma: es todo ganancia para los privados.
El negocio pareció terminarse en 2013 cuando la Legislatura votó una ley que invertía los términos: el Estado pasaba a ser el que recaudaba y las empresas cobraban un monto por el servicio del acarreo. Parecía ser el fin del negociado de las grúas. Pero resulta que esa misma norma implicaba extender el sistema de estacionamiento medido a casi la mitad de la Ciudad, por lo que se necesitaban miles de nuevos parquímetros.
Hubo una licitación, que ganó la empresa Prisma Medios de Pago S. A., pero luego el Gobierno porteño modificó algunos de los requerimientos tras la adjudicación. A raíz de esto, una de las empresas que perdió esa licitación, la multinacional Parkeon, se presentó ante el Poder Judicial y cuestionó diversas irregularidades. Esa empresa consiguió una cautelar que frenó todo el cambio del sistema de acarreo. Parkeon había puesto todos los fierros para ganar y contrató un megaestudio de abogados para seguir la disputa judicial. Se trata de Cassagne abogados, los mismos que asesoraban a Carlos Menem en 1989, cuando comenzó el desguace del Estado.
Las principales beneficiadas por esto fueron las dos empresas que hegemonizan el negocio y que consiguieron continuar como si nada hubiera sucedido por tres años más. En el medio, el Gobierno PRO resolvió dar de baja la licitación y mandó una nueva ley que modificaba el sistema de parquímetros en un punto central: dejaba de lado la obligación de que fuera financiado en forma privada por las empresas que manejaran las grúas y ponía al Estado como financiador. Fue otra victoria para las empresas de acarreo. Aprobada esa nueva norma (se sabe: el PRO tiene holgadas mayorías en la Legislatura y aliados siempre dispuestos a levantar la mano), se hizo una nueva licitación.
La semana pasada se conoció a la ganadora, que no es otra que Parkeon. Sí, la misma que había impugnado la licitación original. Le ganó a otras dos empresas: IPS Group INC y Cale America INC (a quien, curiosamente, está comprando Parkeon). No queda muy en claro por qué no se volvió a presentar la empresa que había ganado la primera licitación, ni tampoco qué ocurrió con otras empresas que se habían presentado la primera vez, cuando el financiamiento debía ser privado, y no lo hicieron ahora, que el Estado está dispuesto a poner 552 millones de pesos para financiar los 2200 parquímetros.
La legisladora kirchnerista Paula Penacca cuestionó esta adjudcación y planteó sospechas sobre el futuro del negocio del acarreo: “Si el Gobierno porteño logra destrabar la inconstitucional licitación de grúas, podremos ver si el final. No nos asombremos si con PARKEON S.A.S. habiendo ganado, DAKOTA y BRD continúan con el negocio ahora extendido a toda la Ciudad y sin tener que invertir en comprar los parquímetros”, tuiteó. En tanto, desde el Gobierno porteño ya dan por sentado que en la segunda mitad de 2018 los parquímetros y los nuevos sistemas de pago estarán en funcionamiento.
Esto también puede implicar nuevos precios: actualmente el acarreo cuesta 950 pesos, pero en el nuevo sistema podría llegar hasta a 1600 pesos, según los cálculos que el oficialismo presentó en la audiencia pública de febrero. En tanto, los parquímetros aumentaron un 900 por ciento desde que el PRO llegó a la Ciudad y nada indica que eso vaya a cambiar.
El Ente de Servicios Públicos le hizo al Gobierno porteño una serie de observaciones en esa audiencia pública que vale tener en cuenta: les planteó que toman como parámetro para el aumento de parquímetros las horas de las playas de estacionamiento privadas ($56 en febrero) en lugar de las playas concesionadas ($48). Le remarca que no tienen parámetros hoy para saber la estructura de costos de las empresas que le permitan determinar de forma objetiva el valor de la tarifa. “Estando ante la inmediatez de una nueva concesión del servicio con un notable cambio en las formas y medios de prestación y considerando que la actual concesión presta el servicio a través de prórrogas y renegociaciones en sus condiciones económicas, el Ente no cuenta con los elementos necesarios para aplicar una estructura de costos que permita un análisis aun parcial de la propuesta de modificación de tarifa”, le indican al Gobierno porteño, que ya está seguro de que el camino a seguir es el de aumentar y aumentar más las tarifas.
COMENTARIOS