Subtes: la Justicia investiga si el Grupo Roggio se apropió de subsidios millonarios

La denuncia fue realizada el año pasado y quedó estancada en medio de un conflicto de competencias entre juzgados, pero acaba de tomar un nuevo impulso. El fiscal federal Eduardo Taiano dio curso a una investigación contra el grupo empresarial Benito Roggio por presunto fraude al Estado, mediante la percepción de subsidios millonarios para el subte.

Según indicó el periodista Néstor Espósito en el diario cooperativo Tiempo Argentino, la denuncia fue formulada por el economista y excandidato a legislador Itai Hagman, quien advirtió que Roggio incurrió en "un desapoderamiento patrimonial" contra el Estado Nacional, puesto que "se beneficia con subsidios de parte de la administración pública mediante una conducta engañosa, haciendo figurar gastos que no son tales a los efectos de requerir beneficios económicos".

Benito Roggio Transporte SA es propietaria  del 90,66% de la empresa Metrovías SA, que "como concesionaria del servicio de subterráneos y premetro" recibió subsidios estatales que, a modo de ejemplo, "han ascendido en 2015 a más $ 1600 millones, aumentando más de 60% con respecto a 2014".

En la denuncia de Hagman se resalta que el gobierno de Cambiemos tomó "la drástica decisión de transferir el pago de los subsidios a las empresas de servicios públicos desde el Estado hacia los consumidores, justificando así los tarifazos. (…)  Sin embargo, en el subte se da un caso paradigmático: se incrementan los subsidios otorgados a la empresa Metrovías SA y también se incrementaron las tarifas de los pasajeros, llevando el aumento desde que la Ciudad se hizo cargo del servicio a 582 %”. En junio próximo, en tanto, se concretaría el próximo aumento, llevando el pasaje a $12.

"La empresa concesionaria tampoco ha hecho las inversiones necesarias para prestar eficientemente el servicio pese a los multimillonarios subsidios. Estos hechos vienen siendo denunciados hace años por sus trabajadores y los usuarios que sufrimos las malas condiciones del servicio. Los propios ministros de Energía y de Transporte, debieron reconocer que las empresas prestatarias no hicieron las inversiones necesarias", subrayó Hagman.

Tras un período de pase de manos entre dos juzgados por un conflicto de competencias, en las últimas semanas la Cámara del Crimen explicó que debe intervenir la Justicia Federal porque "no es posible  descartar una afectación al  patrimonio" del Estado Nacional, según explicó el camarista Marcelo Lucini al asignar competencia al juez federal Julián Ercolini. Esto se debe a que hasta 2014 los subsidios que recibía el Subte los aportaba el Estado Nacional.

"Metrovías SA ha sido abastecida por una amplia red de proveedores que satisfacen sus requerimientos de insumos y servicios: higiene en estaciones, vagones y edificios; servicios de seguridad y vigilancia; servicios de recaudación; reparación de material rodante; sistemas de comunicación y telefonía; servicios de computación; ejecución de obras de mantenimiento y ampliación del servicio. A ello se suma el personal de boletería, conductores, choferes y administrativos. Por su parte, la prestación del servicio genera diversas posibilidades de negocios colaterales, de alta rentabilidad, tales como publicidad en ámbitos de circulación y espacios para instalar locales comerciales. La totalidad de dichas empresas han sido pertenecientes al mismo grupo económico que Metrovías SA, es decir al Grupo Roggio. Con lo cual los gastos operativos sobre los que se basa Metrovías SA a los efectos de solicitar subsidios estatales no son tales, sino que es una maniobra tendiente a obtener dinero de la administración pública mediante ardid", expresa la denuncia. "Se trata en realidad de un desvío de ganancias a empresas del mismo grupo empresario", concluye.