El aborto entró a mi escuela

El viernes pasado en un Colegio secundario de la localidad de Mármol, las autoridades llamaron la atención a las estudiantes mujeres y les solicitaron modificar su vestimenta, alegando que el uso de polleras “contribuye a provocar abusos”. La respuesta fue inesperada para la conducción escolar, las chicas contestaron que ellas no eran las que debían modificar su comportamiento, ni otros disponer de sus cuerpos. Sus compañeros varones, a modo de protesta y solidaridad se vistieron con la prenda en cuestión. Lo mismo sucedió en un colegio secundario de la Ciudad de Buenos Aires, donde los/as estudiantes del Normal 1 protestaron contra el “código de vestimenta” que prohíbe a las chicas usar escote o polleras, ya que según esta norma estas prendas resultan “provocativas y distraen a los compañeros”.

El movimiento de mujeres organizado ha impulsado una agenda de debates que se ha instalado con firmeza en la sociedad. Una de las claves para entender qué sucede con este movimiento, resulta de la explicación que ellas mismas hacen de este fenómeno. La gremialidad, como nota política que convoca y atraviesa a todas las mujeres sin excepción, integrándolas a un movimiento dinámico de protagonismo en la vida social, empieza a socavar ciertos cimientos morales y desiguales sobre los que se estructura nuestra sociedad, y provoca una serie de preguntas acerca de qué estamos enseñando a los/as estudiantes.

Mientras cientos de miles de mujeres se movilizan y conquistan la posibilidad de que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (que da cuenta de la realidad de las mujeres) se debata en el Congreso, en las escuelas argentinas, las discusiones sobre este tema también va adquiriendo presencia e importancia.

Una de las demandas del movimiento de mujeres es la defensa y promoción irrestricta de la Educación Sexual Integral (ESI), a través de la aplicación de la ley, sancionada en el año 2006. Esta demanda tiene que ver con visibilizar el mínimo, y en algún caso nulo, esfuerzo que vienen desarrollando los poderes ejecutivos nacionales y provinciales en la aplicación de esta norma.

Probablemente, una de las (tantas) explicaciones acerca de la no aplicación de la ESI, resida en la “cuestión moral” que influye en el comportamiento de las personas e instituciones encargadas de cumplir con la ley, y en el punto más alto de responsabilidad, los funcionarios de gobierno que ocupan roles en el Estado con capacidad de ejecución de esta norma.

En el año 2012, el decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Argentina señalaba en el documento El Médico frente al aborto, que “el hecho de que la legislación en muchos países, haya consentido no penar e incluso reconocer la plena legitimidad de esta práctica contra la vida es, al mismo tiempo, un síntoma preocupante y causa de un grave deterioro moral.” Esta declaración parecería ser un exhorto a combatir la norma, ya que la cuestión moral que regula los sentimientos y comportamientos de las personas e instituciones se debería anteponer a los acuerdos normativos promovidos en una democracia madura.

Un desafío actual de los educadores y educadoras, además de exigir el pleno cumplimiento de la ESI y de la formación continua y permanente sobre la materia, consiste en despejar la variable moralista y asumir la responsabilidad ética que se tiene en pos de garantizar el derecho social a la educación.

El aborto en la Argentina, como en otros países semejantes, es un problema de salud pública. En este sentido, tanto la ESI como las problemáticas de salud pública, se encuentran presentes en múltiples documentos curriculares para ser desarrollados con los/as estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

La idea de desprenderse de la variable “moralista” consiste en ofrecer, en el intercambio educativo, una serie de descripciones materiales y políticas sobre este problema de salud pública, y las posiciones acerca de su solución: una de ellas es la despenalización del aborto y la promoción de políticas públicas para que sea seguro y gratuito, acompañado de la promoción irrestricta de la ESI y del alcance universal de anticonceptivos. Otras soluciones tienden a valorizar las definiciones sujetas a la moral sobre un problema público sanitario, postergando derechos en las personas con menos recursos socioeconómicos.

Lo que queremos señalar es que no se trata de introducir la respuesta sobre la decisión subjetiva en la interrupción voluntaria del embarazo, sino comprender junto a nuestros/as estudiantes que el aborto es una práctica histórica, corriente y extendida para las mujeres en general y desprotegida, precaria y vulnerable para las mujeres de los sectores populares. Y que ello requiere una solución efectiva sobre la base del derecho a decidir que tienen las mujeres gestantes, contribuyendo a que el aborto clandestino deje de ser la primera causa de muerte materna en nuestro país.

Las escuelas han dejado de ser archipiélagos aislados de las problemáticas sociales, por el contrario, en ellas se expresan con notoria satisfacción los debates actuales y los escenarios de conflicto que muchas veces se intentan ocultar.

Los y las estudiantes tienen el derecho a ser protagonistas de la construcción de su propia vida y de la transformación de la humanidad, y los educadores/as capaces de ofrecer un universo educativo que permita la comprensión de los problemas actuales y las posiciones sobre las que se estructuran las posibles soluciones.

Si pretendemos una sociedad cada vez más justa y solidaria, habrá que comprender que el aborto, la ESI, los medios anticonceptivos, los abusos, y también la esperanza, los derechos y la justicia, ya ingresaron a nuestras escuelas sin pedir permiso.