Distrito Joven: tras la aprobación legislativa, preparan una denuncia judicial por “inconstitucionalidad”

La aprobación en la Legislatura de la creación del Distrito Joven en la Costanera Norte no le pone fin a la polémica en torno al proyecto. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad anunció que llevará el tema ante la Justicia, para denunciar la “inconstitucionalidad” de la iniciativa.

Jonatan Baldiviezo, referente de esa organización, dijo a Nueva Ciudad que el Observatorio presentará una acción de amparo colectivo para “proteger la Costanera Norte y pedir la inconstitucionalidad de la Ley del Distrito Joven”. La presentación se hará tras la promulgación de la ley, que podría ser dentro de los próximos diez días.

La medida votada este jueves determina la creación de un área que comprende la franja costera del Río de la Plata -altura Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery- y conforma una unidad de “esparcimiento, polo gastronómico y turístico de escala metropolitana, con espacios verdes de uso público, de valor histórico-tradicional y ambiental”. Y autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión o adjudicación de permisos de ocupación, uso y explotación de sectores de los espacios de dominio público por un plazo de hasta 10 años.

¿Por qué se denunciará su inconstitucionalidad? “A nivel jurídico –hay otros cuestionamientos por cuestiones de zonificación y políticas urbanas- están violando el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad, que establece que los espacios que conforman el entorno de las riveras tienen que ser de acceso libre. Si en esos espacios se instalan emprendimientos comerciales, boliches y estacionamientos, no serán de libre acceso”, explicó Baldiviezo a este portal.

Y agregó que ese punto se incorporó a la Constitución retomando las luchas por más derechos ambientales y sociales de los ’90, después del “descalabro de las concesiones”.  Baldiviezo remarcó que “cuando uno conquista derechos, el Estado no puede retroceder. En este caso, es lo contrario: después de 20 años, todo ese esfuerzo social de conquistar derechos se retrotrae con la privatización de la Costanera. Ese retroceso es una violación constitucional”.