La Justicia declaró inconstitucional la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club de Angelici

La jueza porteña Paola Cabezas Cescato declaró la “inconstitucionalidad” de la licitación abierta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y determinó que las tres manzanas de Casa Amarilla vuelvan a ser de utilidad pública para el barrio de La Boca, por lo que el club que preside Daniel Angelici tendrá que retirar las rejas y garitas que colocó a principios de año, para sorpresa e indignación de los vecinos.

Así, las hectáreas en disputa volverán a manos del Gobierno de la Ciudad y a ser de acceso libre y público, tal como lo establece la Ley N° 2.240 de Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio de la Boca, porque su destino legal es transformarse en un Gran Parque Público para el Barrio, según recordó el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

“Fue tan escandaloso el accionar del Gobierno de la Ciudad, la Corporación Sur y el club, que no cabía la posibilidad de que se pudiera fallar de otra manera”, aseguró Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone, en diálogo con Radio Gráfica. La mujer integra una de las organizaciones vecinales que presentaron un amparo contra la operación y confirmó que este lunes recibió la comunicación de la sentencia del juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. La comunidad, además de llevar el tema a la Justicia, realizó múltiples actividades de resistencia en defensa de su espacio público.

Cescato, la jueza que tomó la causa luego de que la Cámara apartara al juez Guillermo Scheibler por un fallo a favor de los vecinos, hizo lugar al amparo colectivo presentado en febrero último contra la operación de Larreta "por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice". En ese momento, también invalidó la licitación que se le había concedido a Boca Juniors por 180.600 millones de pesos. Es esperable que el Ejecutivo apele la medida judicial. “Hasta ahora no han logrado que ningún juez, ni amigo como no amigo, les haya dado la razón”, señaló Quinto.

Scheibler, el juez anterior, había resuelto en junio de 2017 que la venta se había realizado sin la aprobación de la Legislatura. El predio había sido vendido por el Gobierno porteño al club mediante el pago del 5 por ciento del valor total (180 millones de pesos) y un financiamiento a 14 años. Las tierras eran propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas para la construcción de viviendas sociales.