Rectores de profesorados porteños presentaron un amparo contra la creación de la UniCABA

Mientras sigue el reclamo en las calles contra el proyecto de reforma educativa del oficialismo, un grupo de rectoras y rectores del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal  (CESGE) presentó este viernes un amparo contra el Ministerio de Educación porteño, para solicitar que se le ordene judicialmente responder al pedido de información realizado el mes pasado en relación a la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como UniCABA.

El amparo recayó en el juzgado N°7, a cargo de Martín Converset. Los rectores presentaron el amparo con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, a través del Defensor Ramiro Dos Santos Freire. Fue firmado esta mañana en la Defensoría y recibió la adhesión de docentes, consejeros docentes, representantes de los sindicatos, personal no docente, cooperadoras, y la coordinadora de estudiantes terciarios.

En el escrito, Dos Santos destacó que “no sólo se desconoce qué dependencia elaboró el proyecto ni quiénes fueron los especialistas consultados, sino también qué mecanismos de participación de la ciudadanía y de la comunidad educativa se implementaron”. Advirtió que el proyecto “tiene puntos oscuros que, de aprobarse la propuesta tal cual está diseñada, afectarían derechos adquiridos de los estudiantes, docentes y directivos del sistema de educación terciaria”. También señaló que “los estudiantes no tienen certezas sobre la continuidad de su trayecto educativo y su titulación, el personal docente y no docente ignora qué sucederá con su continuidad laboral y, en el caso de los directivos, al subsumirse 29 establecimientos en una universidad, quedarían sin funciones y verían afectada su estabilidad laboral”.

Por otra parte, afirmó que el proyecto presentando en la Legislatura porteña no informa sobre su implementación, dado que “solo contiene frases vacías y parte de una idea imaginaria que consiste en que la formación docente se jerarquiza con el cambio de denominación de la titulación, como si el simple hecho de pasar de un profesorado a una universidad resolviera los problemas educativos sin entrar en un debate profundo sobre el contenido”.

El amparo sostiene que “se desconoce el trabajo que realizan los 29 institutos de formación terciaria, la experiencia y la práctica adquirida”. Finalmente hace referencia a que “no se dan estudios publicados que analicen si la formación docente en una universidad es mejor o peor, en términos cualitativos, que la de los egresados de los institutos”, ni “estadísticas sobre la supuesta falta de docentes que resolvería la UniCABA”. “En definitiva, estamos ante un proyecto vacío de contenido, que no aporta ningún detalle de cómo se va a llevar adelante y que dice poco sobre lo que propone”, concluyó Dos Santos.

El oficio librado por el Ministerio Público de la Defensa –que no fue respondido y dio lugar al amparo- requería que el Ministerio de Educación informe (de acuerdo a ley 104 CABA, de Acceso a la Información Pública), entre otras cosas, si se convocó a sindicatos, centros de estudiantes, directivos y organismos vinculados a la educación y qué presupuesto se estima (si se recurriría, en todo caso, a organismos internacionales de crédito). Además solicitaba se indique si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos. En cuanto a la transferencia del personal a UniCABA, pedía que se aclare si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad. Finalmente, preguntaba si se pretende utilizar algún inmueble y si existen ya licitaciones o actuaciones para readecuarlo. Cabe recordar que una de las polémicas vigentes tiene que ver con el uso para este proyecto de terrenos que estaban destinados a la ampliación de una escuela.