Algunos vecinos no festejarán la nueva estación del subte H porque fueron demandados por el Gobierno porteño

Los vecinos del barrio de Recoleta Sonia Berjman, Santiago Pusso y la ONG Basta de Demoler fueron demandados por el Gobierno de la Ciudad en 2013 por $24.000.000, luego de que, mediante un amparo, frenaran las obras iniciales de la nueva estación del subte H, que la Ciudad ejecutaba a unos 100 metros de su actual ubicación, en la Plaza Intendente Alvear, catalogada como Área de Protección Histórica 14 (APH) por su alto valor patrimonial, informa La Nación.
 
El proyecto original de la nueva estación fue aprobado para desarrollarse en la Plaza Francia, comprendida por las avenidas Pueyrredón, del Libertador y las calles Levene y Agote, frente al Museo Nacional de Bellas Artes. Pero en 2012, el Gobierno inició las obras en la plaza de al lado, la Intendente Alvear, diseñada en 1897 por el paisajista Carlos Thays y protegida por una legislación que impide excavarla, alterar su diseño y talar su añoso arbolado.
 
Berjman, Pusso y Basta de Demoler accionaron ante la Justicia, que dictó una medida cautelar y detuvo los trabajos. Luego, en los Tribunales, en reuniones con el Gobierno porteño y la empresa Sbase, los amparistas propusieron que la nueva estación se construyera en el espacio que ocupaba el estacionamiento del Centro Municipal de Exposiciones, junto a la Facultad de Derecho. En ese lugar se inaugura hoy la nueva estación.
 
La Justicia había ordenado detener cautelarmente la obra; la sentencia final sólo se conocería al concluir el proceso legal. Berjman, Pusso y Basta de Demoler dejaron de impulsar el reclamo de fondo "en vista de que el Gobierno procedió a relocalizar la estación", afirmaron, por lo que el planteo devenía abstracto. El Gobierno consideró que este proceder de los denunciantes denotó una ausencia de interés real en la causa y los acusó de provocar una pérdida de tiempo y dinero.
 
"Que se inaugure la estación en el lugar propuesto por mí no significa que la causa judicial se termine", explicó a La Nación Sonia Berjman, doctora en historia del arte por la Universidad de Buenos Aires y La Sorbona. Calificó de "irracional" la acción que impulsa el Gobierno y consideró que con la ubicación definitiva de la estación se le da a ella la razón de manera fáctica. Berjman explicó que su salud se vio severamente afectada por el accionar judicial en su contra: "Pienso que me voy a morir a causa de la demanda. Y que el Gobierno porteño no va a ceder hasta que me muera".
 
La Procuración General, encabezada por Gabriel Astarloa, y que defiende a la Ciudad, explicó a La Nación que se intentó poner fin a este pleito mediante una declaración conjunta y un acuerdo que satisficiera a todas las partes. Incluía que lo demandados debían hacerse cargo de sus propias costas del juicio. Agregó que la propuesta fue aceptada por dos de las partes, pero no por Berjman.
 
Andrés Gil Domínguez, abogado de Berjman, y Martín Zapiola Guerrico, defensor de Pusso y Basta de Demoler, desmintieron que alguna parte hubiera aceptado la propuesta. Además, rechazaron que cada demandado se hiciera cargo de sus costas.
 
Gil Domínguez agregó: "Que la estación se inaugure en el sitio propuesto por Berjman y Pusso y, aun así, persista la demanda millonaria contra ellos es una contradicción cabal". Además, consideró que la acción representa una "clara muestra de lo irracional del discurso de PRO".
 
"La ciudad castiga a sus héroes", consideró Martín Zapiola Guerrico, abogado de Santiago Pusso y Basta de Demoler. Agregó que la finalidad de la acción judicial es "desalentar la participación ciudadana, con el fin de que no se interrumpan las obras que ejecuta el Gobierno, legales o no. Aunque quieran construir un shopping en el Cabildo", graficó a La Nación.
 
Santiago Pusso, integrante de Basta de Demoler, dijo que la nueva ubicación de la estación es más provechosa para todos: "Se restauró la Plaza Intendente Alvear y se inauguró la estación en un espacio que no tenía un valor como espacio verde, porque era un estacionamiento".
 
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso. Los demandados presentaron una excepción de falta de legitimación por considerar que "no se puede demandar a una persona por ejercer un derecho ciudadano". El planteo fue rechazado en primera instancia y, luego de ser apelado, también en la Cámara de Apelaciones. Ahora la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia.