Avanza la urbanización de la villa Rodrigo Bueno

A metros del actual asentamiento Rodrigo Bueno, continúa la construcción de casi 600 viviendas nuevas que serán destinadas a los habitantes más vulnerables y para quienes tienen sus casas sobre una franja de tierra que en el futuro será una calle nueva o una plaza. Las obras se enmarcan dentro del plan que tiene el Gobierno porteño para dotar de vivienda nueva y red de servicios públicos a siete villas y asentamientos porteños.
 
Pero, los vecinos tienen una gran incertidumbre respecto a cuánto deberán pagar por las viviendas nuevas. En paralelo con la construcción de las casas, en estos días avanza la valuación de la vivienda existente. El Gobierno porteño tomará en cuenta lo que los vecinos hayan construido y se descontará del precio final de los inmuebles nuevos. Para esto, generó una serie de fórmulas y se evaluará en función del estado en que se encuentra cada propiedad.
 
Por ejemplo, una casa de 50 metros cuadrados en buen estado estará valuada en alrededor de $ 450.000. Sin embargo, no tomará la valuación total, sino alrededor de un 60%, dependiendo de algunas variantes. "Es un proceso controvertido. Por ejemplo, algunos de los vecinos más antiguos, tienen casas de madera, son jubilados y están en una situación más precaria que otros", explicó a Clarín Luis Espinoza, uno de los delegados.
 
Por estos días las mesas de diálogo se encuentran paralizadas: “sin saber cuánto van a salir las viviendas no podemos avanzar", comentó otro delegado, Diego González, quien además reclama que se cumpla lo que dice la ley de urbanización de la villa: un 20% de los obreros tienen que ser vecinos.
 
Desde el IVC le dijeron a Clarín: "Entendemos perfectamente que este tema paraliza la discusión. Pero es muy difícil determinar hoy un precio de una vivienda que va a ser entregada en 2019. Sin embargo, vamos a poner a trabajar a nuestros equipos técnicos para llegar a una cifra aproximada. Pensamos que en alrededor de un mes se podrá dar a conocer", aseguraron voceros del organismo.
 
Jonathan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explica a Clarín que "En todo este proceso hay algo que el Gobierno porteño no ve, que es el shock económico por el que van a transitar las familias al pasar de la informalidad a la formalidad. Incluso quizá el valor de la vivienda puede llegar a ser lo menos importante, porque accederán a créditos blandos y sabemos que con la inflación en algunos años pagarán muy poco. Pero los servicios y las expensas podrían llevarse el 100% de un ingreso familiar”.
 
“Otro tema complejo es el de la organización consorcial. La Ciudad asegura que capacitará a los vecinos. Sin dudas, es necesario que lo haga y que además se quede en el territorio, garantizando que los consorcios funcionen, sino al poco tiempo todo se degrada. Proponemos que se garantice a los vecinos que no van a perder su vivienda por no pagar los impuestos, porque van a quedar expuestos a la presión inmobiliaria", finalizó Baldiviezo.