El escuadrón antihuelgas

Pensar el uso de la policía para romper huelgas debería ya a esta altura remitirnos a hechos del pasado remoto. Principios de siglos XX. Las huelgas anarquistas. La semana trágica. El 1 de mayo en Chicago. Esas coordenadas son las que deberían evocarse al hablar del uso de una fuerza de seguridad para reprimir la actividad sindical. Lamentablemente, la historia mundial y la argentina está sobrecargada de ejemplos que llegan hasta esta misma semana que acaba de pasar. El uso de la novel Policía de la Ciudad para romper una huelga de los metrodelegados es una nueva línea que se cruza. Un escalón más en lo que se creó como una policía moderna y de proximidad y se viene utilizando como una fuerza represiva multipropósito. La justificación de la represión por los funcionarios civiles también tuvo un plus esta semana: el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, llegó a llamar “ilegal” al gremio del subte, en una peligrosa acción de desinformación hacia la población por parte de un representante de uno de los poderes públicos.

Las palabras del jefe de Gobierno traspasaron todos los límites de la convivencia democrática y, lamentablemente, también el de la verdad. Dijo: “El paro era ilegal porque el gremio es ilegal. Hasta hace un mes, los metrodelegados tenían el reconocimiento jurídico que les había dado el Ministerio de Trabajo del kirchnerismo. Pero semanas atrás la Corte falló y se los sacó. Hace un mes que son ilegales". O Larreta está muy mal asesorado legalmente o ha decidió perder toda seriedad al hacer declaraciones como dirigente político.

Repasemos los hechos: hace años ya, los metrodelegados se presentaron ante el ministerio de Trabajo para realizar una compulsa de afiliados con la UTA. Luego de más de tres años de dilaciones por parte del kirchnerismo y de la UTA, consiguieron la personería gremial. No se hizo la compulsa porque la UTA nunca se presentó, dado que sabían que iban a perder: de los 3200 empleados que tenía el subte en 2015, más de 2200 están afiliados a los metrodelegados. Hoy, Metrovías tiene 3700 trabajadores, de los cuales 2700 están afiliados al gremio del subte. Conclusión: no hay forma de que no tenga la personería gremial.

Luego la UTA judicializó la resolución del Ministerio de Trabajo y consiguió, mediante una serie de formalismos, recuperar la personería gremial. La Corte Suprema convalidó esos fallos en marzo. 

Ahora bien, el fallo de la Corte –que tanto el jefe de Gobierno como ustedes pueden consultar acá- en ningún lado dice que los metrodelegados son ilegales. Simplemente, sostiene que faltó una notificación formal a la UTA y que, por eso, se debe proseguir el trámite en el Ministerio de Trabajo para determinar qué gremio debe tener la personería gremial. Ni siquiera dice que la UTA es la más representativa, eso debe resolverse por la vía administrativa (los metrodelegados, de todas formas, presentaron una denuncia ante la OIT). Decir, como dijo Larreta, que son “ilegales” es directamente una mentira. Y una mentira peligrosa. Todos esperamos mayor responsabilidad por parte de los dirigentes políticos, tanto ante los conflictos gremiales como ante el manejo de las fuerzas policiales. Tampoco es cierto que el fallo de la Corte diga que no pueden negociar con los metrodelegados, como afirmó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien están fogueando como posible sucesor de Larreta. El fallo no prohíbe nada de esto. La decisión de no dialogar con los que representan a la mayoría de los trabajadores del subte es del Gobierno porteño. Y es de un autoritarismo inusitado.

Como también lo es el uso de la Policía de la Ciudad para resolver conflictos gremiales. Es el cruce de un límite, que el macrismo viene atravesando demasiado a menudo. Y se suma a una serie de hechos represivos que caracterizaron a la Policía de la Ciudad desde su nacimiento. Hagamos un breve repaso:

* Comenzaron con el desalojo violento de manteros de Once en dos jornadas de intensa represión en enero de 2017. No fue la única vez que se ensañaron con los vendedores senegaleses, que son reprimidos en forma sistemática.

* Le siguieron los palazos contra los movimientos sociales que reclamaban ante el ministerio de Desarrollo Social en la 9 de Julio.

* Continuaron con la cacería de mujeres en la marcha del 8 de marzo de 2017, que incluyó vejaciones, lesbofobia y chicas a las que se obligó a desnudar y fueron filmadas por policías varones.

* A los docentes que buscaban instalar una carpa frente al Congreso también los corrieron a palos.

* Un grupo de policías bonaerenses que una persecución disparó y mató a una vecina de La Boca. Otros vecinos protestaron y recibieron como respuesta la represión de la Policía de la Ciudad.

* En la primera marcha por Santiago Maldonado, Larreta consideró “un avance” la represión, que terminó con periodistas y transeúntes golpeados e incomunicados.

* En diciembre del año pasado, protagonizaron la segunda jornada de represión para defender el recorte a los jubilados. El accionar incluyó pisar a un cartonero con una moto, dejar a tres personas sin ojo e innumerables muestras de misoginia (“contame, putita”, le dijeron a una de las mujeres reprimidas).

* Este año, tras el respaldo de Larreta a la doctrina Chocobar para matar personas por la espalda, la Policía de la Ciudad disparó 70 balas en una zona densamente transitada.

* Para finalizar, hace unos días, un policía atropelló a una nena de seis años con su motocicleta. La nena se salvó de milagro. Los vecinos de la Villa 31 protestaron y fueron reprimidos. Uno de ellos recibió un balazo de plomo por parte de la policía. Está internado en coma farmacológico.

Ninguno de estos hechos ha sido sancionado como corresponde y todos fueron respaldados sin pestañear por el ministro de Seguridad, Martín Ocampo. Por lo tanto, no sorprende que ahora usen a los uniformados como escuadrón antihuelgas.

No obstante, para explicar la decisión de llegar al uso de la policía –o bien de patotas sin identificación, como hicieron el jueves ante otra medida de fuerza- hay que tener en cuenta en negociado que se viene con la licitación de la concesión del subte a nuevas manos (o bien a las manos de Metrovías). Un artículo de El Cronista Comercial es ilustrativo en ese sentido: dice que buscan limpiar de sindicalistas molestos el subte antes de entregárselo a otro privado (ya vemos las maravillas que hizo el actual privado con el estado del servicio), y que para eso también piensan en reducir la plantilla de trabajadores a la mitad. “Los europeos saben operar con menos gente”, es el planteo que escuchó de los funcionarios porteños el periodista Ezequiel Chabay. Hay un consorcio de empresas francesas, inglesas en sociedad con el empresario Eduardo Eurnekian que están esperando para hincar el diente a la jugosa concesión, un negocio que calculan en 60 mil millones de pesos. Por eso, los macristas quieren “limpiar la concesión” de sindicatos molestos. Ahora cierra todo un poco más.

Sin embargo, no será tan fácil terminar con los metrodelegados, uno de los gremios más novedosos, horizontalistas y antiburocráticos (y, tal vez por eso, uno de los más demonizados por la derecha). La solución al conflicto del subte, que tiene como única causa la resistencia a otorgar un aumento superior al 15 por ciento como explicamos la semana pasada, es política y no policial. Y cuanto antes lo entiendan las autoridades porteñas, antes terminaremos con un conflicto que prolongan innecesariamente y que causa estragos en la vida cotidiana de la población.