Las cosas en su lugar

Un fallo judicial vino a detener el ataque desembozado de un Gobierno sobre un sindicato legal, reconocido democráticamente por el Ministerio de Trabajo nacional, y con una cantidad de afiliados que claramente le dan la potestad de negociar paritarias, más allá de las trabas burocráticas que vienen usando desde la UTA para impedirle a los trabajadores del subte ejercer el derecho de negociar su salario a través de sus legítimos representantes. El fallo del juez Andrés Gallardo le ordena al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a la empresa del Grupo Roggio que hagan lo que deberían haber hecho desde un comienzo: sentarse a negociar la paritaria con los metrodelegados. Es, de hecho, lo que estaban haciendo hace unos meses, hasta que decidieron patear la mesa, abroquelarse detrás de del techo del 15 por ciento (que el Gobierno nacional dio por muerto la semana pasada) y mandarles la Policía de la Ciudad a reprimir, cual patota rompehuelgas. La situación que se vive en el conflicto en el subte también nos lleva a plantearnos algunas cuestiones en torno a qué modelo sindical busca instalar el oficialismo.

Repasemos: hay dos sindicatos en el subte, uno mayoritario (los metrodelegados), y otro minoritario (la UTA). Este último retiene la personería gremial y la facultad de ponerle el gancho a las paritarias a través de una serie de presentaciones legales, que llevaron a que la Corte Suprema revocara en marzo de este año el dictamen del Ministerio de Trabajo que le había conferido la facultad de firmar las paritarias a los metrodelegados. En las últimas semanas, los funcionarios porteños le hicieron decir a la Corte cosas que claramente no dijo en ese fallo: 1) que el Gobierno porteño no podía negociar con los metrodelegados, 2) que lo había declarado ilegal. Nada de esto sucedió, la Corte planteó que debía seguir el trámite en el Ministerio de Trabajo, cumpliendo con algunas notificaciones formales a la UTA antes de definir la cantidad de afiliados.

¿Cómo se generó el conflicto actual? Los funcionarios macristas que venían negociando con los dos sindicatos, firmaron con la UTA un 15 por ciento en tres cuotas. Sí, el techo que imponía el Gobierno y que esta semana dio por muerto por decreto (puso un nuevo techo del 20 por ciento, hay que ver qué hacen Larreta y Metrovías con esa decisión). Como los metrodelegados no aceptaron esto, empezaron a hacer medidas de fuerza para reclamar algo tan básico como seguir negociando para recomponer el sueldo. Hubo una escalada de aprietes por parte de Metrovías, que llevó a la suspensión de más de 170 trabajadores, en su mayoría delegados gremiales. Esto fue respaldado por el Gobierno porteño, que mandó a reprimir en las vías a la Policía de la Ciudad (una imagen nunca antes vista) y también mandó a personas no identificadas a apurar a los metrodelegados para luego acusarlos y despedir a tres. En toda la situación el Estado había dejado de actuar como garante de derechos y había pasado a ser una patota patronal, lisa y llana.

En este escenario fue que Néstor Segovia –uno de los detenidos en la represión- se presentó ante el Poder Judicial porteño y el juez Andrés Gallardo emitió su fallo ordenando poner las cosas en su lugar. En el texto, de 30 páginas, el magistrado cita una numerosa jurisprudencia desde la OIT y la Corte Suprema para abajo que establece la posibilidad de los sindicatos a negociar en paritarias y a realizar huelgas, entre otras cosas. En el apartado “primacía de la realidad: un caballo con rayas no es cebra”, les señala a los funcionarios macristas que en todos los conteos que se hicieron hasta ahora los metrodelegados ostentan la mayoría de los afiliados del subte (en la actualidad son el 63 por ciento de todos los trabajadores subterráneos). “Si tiñéramos franjas blancas sobre el pelaje de un caballo, no se transformaría en cebra. Si a un sindicato se le otorga la personería gremial, eso no implica per se que sea el más representativo”, les plantea el juez. En otras palabras: le dice a Larreta que viene negociando con la minoría para imponerle una paritaria a la mayoría.

También le recuerda que el Gobierno porteño aceptó que los metrodelegados participaran en las paritarias desde 2013 hasta este año. Gallardo releva las opiniones que dieron Larreta y sus funcionarios sobre los metrodelegados como un “gremio ilegal” y las contrasta con los fallos y la legislación vigente para advertirles que se encuentran errados. Y que, de hecho, le están mintiendo a sus representados. “Se ordena a las autoridades del GCBA que se abstengan de hacer declaraciones públicas que no se condigan con la verdad”, escribió el juez. ¡Un juez que le orden a los políticos no mentir! “Insólito”, tituló un diario oficialista. Dejo para otra oportunidad los debates sobre la libertad de expresión y las fake news tan utilizadas en estas épocas (¿existe un derecho a mentir por parte de un Gobierno?), porque sería demasiado largo. Solo quiero dejar planteada aquí una pregunta: ¿les resulta insólito este aspecto del fallo de Gallardo y no les resulta insólito que un jefe de Gobierno decida, sin mediar ningún acto administrativo, que un gremio es ilegal y le mande la policía a reprimirlo?

Más allá de esto, el fallo planteó cuestiones que cualquier gobernante con sentido común ya hubiera hecho para resolver el conflicto: convocar a una mesa de diálogo entre las partes.  También le planteó a los metrodelegados que por 60 días no podrán realizar medidas de fuerza. Dispuso que el Gobierno y Metrovías no podrán poner a personal no calificado a reemplazar a quien haga huelga, porque esto supondría poner en peligro a los usuarios. Además, dejó sin efecto los despidos y las sanciones que van contra los derechos sindicales de los trabajadores.

La respuesta del Gobierno porteño y de los metrodelegados a este cúmulo de medidas fue muy distinta. Por parte de los sindicalistas, hubo un comunicado que anunció que acatarían el fallo. “Una vez más, queda clara nuestra vocación de diálogo y esperamos reciprocidad”, dijeron.

No hubo, en cambio, vocación de diálogo por parte del jefe de Gobierno. "Es un disparate. Nunca vi un fallo que prohíba hablar a los funcionarios, atenta contra la libertad de expresión más básica. Además, en un tema tan sensible como el funcionamiento del subte", bramó Larreta. El fallo no dice que no pueda hablar, sino que ordena “no tergiversar normas y fallos”, por lo cual Larreta parecería estar diciendo que quiere ejercer su derecho a mentir sobre leyes y resoluciones del Poder Judicial. Si no es así, no se entiende el escándalo que comparten el jefe de Gobierno y la prensa oficial. El jefe de Gobierno aseguró que piensa apelar el fallo y dejó en claro que no tiene previsto negociar con los sindicalistas. El conflicto, por lo tanto, es probable que continúe, ahora con la abierta desobediencia a un fallo judicial.

Todo esto nos lleva a pensar en el modelo sindical que favorece la “nueva política”. Tenemos por un lado un sindicato que combina todas las características que suele cuestionar el discurso macrista: la continuidad de una cúpula a lo largo de décadas, las prácticas cuasi-mafiosas, el desprecio por la mayoría de los trabajadores y la primacía del interés propio. Del otro lado, tenemos un sindicato que se formó desde las bases, que tiene prácticas democráticas y horizontalistas. Pero, claro, el primero es entreguista y el segundo es combativo. Esto es claramente lo que define la relación del macrismo con los gremios, y si hace falta una demostración, el conflicto del subte nos la da. La duda es si este modelo combativo logrará ser arrasado por el macrismo en su plan de ajuste acordado con el FMI o si, por el contrario, habrá algún tipo de justicia para los trabajadores.