Ley Brisa: piden precisiones sobre su implementación en la Ciudad

La llamada “Ley Brisa” contempla una reparación económica mensual hasta los 21 años para niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre. A casi un año de su sanción, se presentó un pedido de informes en la Legislatura porteña para que el Ejecutivo dé precisiones sobre su implementación.

El pedido fue presentado por la presidenta de la Comisión de Mujer en Infancia y diputada de Unidad Ciudadana, Andrea Conde (Unidad Ciudadana), quien pretende conocer “la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que han accedido a la reparación económica hasta el día de la fecha” y las medidas implementadas por el Gobierno porteño para difundir información acerca de dicha reparación económica, así como también si se crearon medidas tendientes a facilitar la tramitación de la prestación.

Según consignó el portal Parlamentario, el Ejecutivo deberá precisar también cuántos niños y jóvenes estarían en condiciones de ser beneficiarios de esa reparación. Asimismo, el pedido de informe apunta a obtener datos sobre “la constitución del equipo encargado de proporcionar la asistencia psicológica y/o atención médica de acuerdo a las necesidades de los niños y adolescentes” y sobre “los mecanismos y recursos asignados para el acompañamiento de las familias de las víctimas colaterales de femicidios en materia psicológica, emocional, legal y administrativa”, entre otras cuestiones.

“La sanción de la Ley Brisa es un gran avance en materia de reparación estatal. Su efectiva reglamentación y posterior aplicación son en definitiva las garantías que tienen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en relación al impacto de este derecho en sus vidas”, señaló Conde. El pedido de informes lleva además la firma de Victoria Montenegro, Leandro Santoro, Carlos Tomada (UC) y Santiago Robero (BP).

La Ley 5.861 se aprobó en agosto pasado en la Ciudad de Buenos Aires, una de las primeras jurisdicciones en implementar la reparación económica para los niños y niñas “víctimas colaterales de femicidios”. En enero de este año, la Ciudad habilitó el sistema para el cobro de tal reparación. Ahora, se reclaman datos precisos sobre su implementación hasta el momento.