El eterno retorno del parquímetro

La historia del sistema de acarreos parece no tener fin. Y el negocio tampoco. Mientras dos empresas sigue monopolizando desde las épocas del menemismo profundo el negociado de las grúas, el Gobierno macrista apuesta a extender el estacionamiento medido a prácticamente todas las comunas. No obstante, esta semana sus planes se frustraron una vez más. La última vez había sido una empresa la que había impugnado la licitación (y la que, llamativamente, resultó beneficiada después). En esta oportunidad una ONG vecinal consiguió frenar la extensión del estacionamiento medido a partir de una presentación judicial. Un juez determinó que los macristas habían aprobado la ley con un número de votos menor al requerido y que, además, habían privado a los ciudadanos de expresarse en una audiencia pública. Pese a tener holgadas mayorías en la Legislatura, el Gobierno porteño intentará apelar el fallo. Mientra tanto, el negocio continúa.

Como hemos relatado aquí en otras tantas oportunidades, el negocio del acarreo es hegemonizado desde las épocas del intendente Carlos Grosso, a comienzos de la década del noventa, por dos empresas: BRD y Dakota. Los contratos que firmaron con el menemismo establecían que pagan un canon fijo al estado y se llevan toda la recaudación. Ese contrato venció en 2001, pero no importa: 17 años después siguen manteniendo esos y otros negociados, dado que -como contamos también por acá- reciben un subsidio del Gobierno porteño que supera al canon que le deben pagar. Es decir: todo ganancia.

En números, hoy esas empresas pagan unos 55 mil pesos cada una y hacen un promedio de 10 a 14 mil acarreos mensuales. El acarreo fue generosamente aumentado por el gobierno de Macri y luego por su sucesor Horacio Rodríguez Larreta: lleva un incremento del 500 por ciento, pasó de 150 a 750 pesos. La cuenta que hacen distintas ONG da que ganan entre 7,5 y 10,5 millones por mes y le pagan al Estado unos 100 mil. Se podría decir que en tan solo nueve horas ya recuperaron lo que deben pagar al Estado, sino fuera porque el Estado les devuelve en concepto de “alquiler de camiones” esa plata y más.

Este estado de cosas se comenzó a cambiar con una nueva ley, en la que se invertía el sistema: era el Estado el que se quedaba con la recaudación y las empresas recibían un monto por sus servicios. No obstante, cuando los funcionarios macristas hicieron una nueva licitación, le metieron una serie de cambios después de adjudicada, lo que llevó a una multinacional de origen francés -que había participado de la compulsa y perdido- a presentar un recurso judicial. El Poder Judicial le dio la razón a la empresa. ¿El resultado? Cambiaron la ley de parquímetros y la inversión en el sistema de estacionamiento medido, que antes quedaba a cargo del privado que ganara, pasó a ser pagada por el Estado. De yapa, la nueva licitación avanzó para quedar en manos de la empresa multinacional que había impugnado la primera compulsa. Algunos sospechan que detrás de ella están las mismas dos empresas de siempre, como contamos por acá.

El nuevo sistema no solo es una pelea entre empresas sino que implicará un mayor costo para todo el que quiera estacionar en la calle (es curioso que, en paralelo a aumentar las cuadras tarifadas, el Gobierno busca eliminar a los cuidacoches… uno podría decir para reemplazarlos por un cuidacoches VIP): la ley preveía que cerca del 45 por ciento de la Ciudad tuviera estacionamiento medido. Llegaría a 14 de las 15 comunas.

Contra esto se presentaron diversos amparos. Uno de ellos lo presentó el coordinador de Proto Comuna Caballito, Gustavo Desplats. Junto al abogado Jonathan Baldivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y al dirigente de La Alameda Gustavo Vera. “La mayoría de la gente no sabe que iba a tener que pagar por estacionar en la puerta de su casa”, graficó Desplats esta semana. “El gobierno sostiene que el vecino no paga, y eso es una falacia. El vecino paga siempre. Dividen en áreas la ciudad y establece que en el área intensiva el vecino paga el 100 por ciento, en otra área paga el 50 por ciento, y en una tercera, a través de un trámite que tiene que hacer todos los años, los vecinos van a poder estacionar a 200 metros a la redonda de su casa, y si no consiguen lugar tienen que pagar”, remarcó.

Las distintas ONG consiguieron esta semana que un juez les diera la razón en algunos de los puntos que planteaban. Se trata Francisco Ferrer, que está al frente del juzgado en lo contencioso administrativo 23. Su fallo vuelve a tirar para atrás la aplicación de la ley, ya que declara inconstitucionales tres de sus artículos. Sucede que cuando la aprobaron fue con 33 votos del PRO y la Coalición Cívica (sobre 60) y el juez entendió que se trata de una ley que requiere dos tercios (40 votos). Además, el magistrado advirtió que se trata de una ley de doble lectura: esto es, se vota, si es aprobada, luego debe haber una audiencia pública donde pueden anotarse y expresarse todos los que quieran participar, y luego se vota por segunda vez.

Según el juez, todos estos mecanismos institucionales fueron salteados por los legisladores de Macri y de Elisa Carrió. Uno de los argumentos centrales del juez fue que las empresas dispondrán de las playas de acarreo, que son inmuebles que forman parte del dominio público. “En consecuencia, una vez que se ha establecido que las leyes aquí cuestionadas debieron seguir el procedimiento de doble lectura, toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público de la Ciudad, cabe tener por cumplidos”, dice el fallo. El magistrado también advirtió que se vulnera el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, se los aparta del debate público y se ataca de esta forma los principios de democracia participativa de la Constitución porteña.

Hay una segunda mala noticia para el Gobierno y para las empresas que detentan el negocio: los que presentaron el amparo advirtieron que la ley estipulaba que si pasaban 180 días y el Gobierno no había concesionado el servicio, el Estado debía pasar a hacerse cargo del acarreo. Y señalaron que ese plazo se venció el 9 de junio pasado. El Gobierno porteño arguye que ese plazo estuvo varias veces suspendió y que todavía tiene tiempo de entregársela a algún privado. En cualquier caso, la medida dejó en suspenso la licitación, una vez más. El Gobierno porteño optó por apelar e intentar mantener el negocio en manos privadas. Mientras tanto, las dos empresas que vienen del menemismo descorchan champagne para acompañar la pizza y para brindar por otros 20 años más de acarreo de autos de la mano de un Estado bobo.