No se venderá el Buenos Aires Design de Recoleta

El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura un proyecto de ley para enajenar el predio donde hoy funciona el Buenos Aires Design, en el barrio de Recoleta, y licitarlo por un lapso de 70 años. Se trata de una figura que aún no se ha utilizado en el ámbito de la Ciudad y que está prevista en el nuevo Código Civil: “derecho real de superficie”. Supone que una empresa puede usufructuar el sitio durante todo este tiempo, pero la Ciudad sigue siendo dueña del predio.
 
“Creemos que es una opción superadora. Es algo intermedio entre una concesión y una venta. Permite que la Ciudad obtenga pronto mucho más dinero que en una clásica concesión, pero al mismo tiempo no se desprende de la propiedad. Comercialmente resulta atractivo porque una empresa puede pensar y diseñar un negocio a 70 años. Y desde el punto de vista de la Ciudad, el proyecto de ley especifica que el dinero vaya al Instituto de Vivienda de la Ciudad. No se puede hacer otra cosa con la plata”, explicaron desde el Gobierno porteño a Clarín.
 
En el proyecto de ley se especifica que el plazo máximo que establece el nuevo Código Civil para esta figura es de 70 años; sin embargo, desde el Ejecutivo entienden que el proyecto podría salir con una cantidad de años inferior. “Es probable que en el ámbito legislativo haya un debate en torno a este tema en concreto”, explicaron. Se trata de una ley que debe ser tratada en el recinto dos veces: dos lecturas, con audiencia pública. Y en ambas necesita 40 votos a favor. El oficialismo cuenta con mayoría (34 bancas del bloque Vamos Juntos) y se especula con que podría sumar votos de aliados.
 
Actualmente el predio se encuentra concesionado a IRSA, donde opera el Buenos Aires Design. El 18 de noviembre deberían entregar el lugar, ya que es el día en que termina el contrato. El shopping de diseño, construcción y decoración, funciona desde 1993. Lo desarrolló Pérez Companc y en 1997 IRSA le compró los activos de real estate y se quedó con él. Paga a la Ciudad un canon de $400.000 mensuales.
 
“Cuando se conozcan las condiciones para esta licitación, evaluaremos la posibilidad de participar. Mientras tanto, tenemos contrato hasta el 18 de noviembre”, dijo un vocero de la empresa. Desde el Gobierno porteño explicaron que podrían quedarse en el lugar hasta el 18 de febrero, ya que en el contrato tienen tres meses de gracia.
 
“El Gobierno de la Ciudad no sabe cómo hacer para disimular el afán que tiene por hacer negocios con la tierra pública. Ahora emplea esta figura que le abarata los costos al comprador al quedarse con un inmueble imposible de valuar por su ubicación de privilegio. Para mitigar el impacto de semejante ley, le agregan el carácter de ‘social y humanitario’ al destinar el dinero a la vivienda pública. No se entiende por qué el negocio no lo hace o la administra la Ciudad, en vez de entregarlo a algún empresario allegado al poder. Esta será, lamentablemente, una ley histórica”, opinó a Clarín Jonathan Valdiviezo, del Observatorio de Derecho a la Ciudad.
 
Si se aprobara la ley, luego el Banco Ciudad sería el encargado de tasarla. Recién ahí podría determinarse cuanto pagaría el privado por explotar el lugar por 70 años o la cantidad de tiempo que quede dicho en la ley.
 
Por otro lado, queda saber en qué se convertiría ese espacio. Según la ley podría ser desde un local comercial, hasta bares y restaurantes, bancos y estudios profesionales. También podría funcionar un alojamiento turístico. También podría haber cines, un centro cultural o un museo.