Desigualdad: la maternidad forzada de niñas y adolescentes porteñas es mayor en zona sur

El rechazo al proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Senado implica la continuidad de la práctica clandestina así como del embarazo y la maternidad forzadas, incluso entre niñas y adolescentes. En la Ciudad, las estadísticas muestran que la desigualdad norte-sur también se da en relación a problemática, ante el diferencial acceso a la educación sexual y salud reproductiva en el distrito.

Un informe elaborado por el colectivo de investigación Com.Unidad Buenos Aires advierte que el embarazo y la maternidad forzada de niñas y adolescentes constituye un problema de salud pública y acceso a derechos, no sólo a nivel nacional sino también en territorio porteño. El documento fue elaborado por la plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura, Florencia Gentile, junto a Ana Szmulewicz
y Tamara Haber.

El material, difundido este jueves, remarca que en la Ciudad de Buenos Aires se registra una tasa de 11,3 embarazos de niñas y adolescentes para el trienio 2015/2017. Pero resalta que se da una desigual distribución en las comunas, vinculada a las condiciones sociales y al acceso a políticas públicas.

En las comunas del sur 1, 4 y 8 (que cuentan con mayores índices de pobreza, desocupación, hacinamiento, problemas habitacionales, falta de vacantes en escuelas públicas, menor cobertura de salud, entre otros indicadores de vulnerabilidad social), la tasa de embarazo de niñas y adolescentes de hasta 19 años duplica al promedio. En la Comuna 1, la tasa es del del 19,4/mil adolescentes entre 10 y 19 años; en la comuna 4de 20,7/mil y en la Comuna 8, de 21,7/mil. En las comunas del norte de la Ciudad, en cambio, la tasa no pasa el 4,5/mil adolescentes entre 10 y 19 años, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad.



“Esta desigual distribución de tal condición vital pone en evidencia la incidencia de las condiciones sociales en las que niñas y adolescentes quedan y llevan adelante su embarazo, cuestionando la efectiva posibilidad de su libre elección producto del acceso a las políticas que proveen educación sexual e información adecuada, del acceso a métodos anticonceptivos, del efectivo consentimiento para sostener las relaciones sexuales que motivaron el embarazo (y que no fueran, por el contrario, consecuencia de violencia y abuso) y, finalmente, de una decisión certera de llevar adelante el embarazo (y no, por ejemplo, de la imposibilidad de acceso al aborto no punible por las causales ya consagradas en la legislación argentina)”, advirtió el informe.

En ese sentido, los datos sobre embarazos de personas gestantes menores de 18 años fueron entrecruzados con cifras del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en los que intervino: durante el 2014 se registraron 489 acciones y durante el 2015, 513 intervenciones de las Defensorías Zonales sobre casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

“Con estos datos, se resalta la importancia de considerar como posibilidad que parte importante de los embarazos de adolescentes, y más aún de las niñas de menos de 13 años, sean producto de situaciones no consentidas y/o violencia sexual. Si bien en estos casos existe el derecho reconocido a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo puesto que entrarían dentro de los causales de ‘aborto no punible’ vigentes a la fecha, es importante reconocer que no siempre las denuncias, ni el acceso a la práctica, es posible en contextos de violencia”, alertaron las especialistas.

“Si la desigualdad en el acceso a políticas públicas frente a un embarazo de niñas y adolescentes constituye una forma de vulneración de sus derechos, las situaciones de ‘embarazos y maternidades forzadas’ de niñas y adolescentes sin dudas constituye una drástica violación a sus derechos sobre la que urge intervenir a través de políticas adecuadas que hagan posible restituirlos”, agregaron las especialistas.

El informe señaló que “la imposibilidad de acceder a condiciones seguras y legales para una interrupción voluntaria del embarazo genera entre las niñas y adolescentes tres tipos de violación a sus derechos: a su integridad por cuanto muchas de esas relaciones, en el caso de niñas y adolescentes,  no fueron consentidas; segundo, a su libertad por cuanto se la obliga a llevar a término un embarazo no buscado ni deseado, y tercero, la obligatoriedad de convertirse en madre contra la propia voluntad”.

Y concluyó que “en definitiva, tanto frente al desigual acceso a las políticas públicas relacionadas con el embarazo en la niñez y adolescencia, como frente a la prohibición actual de optar por la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y legal, es el Estado quien viola los derechos de niñas y adolescentes, justamente a quienes se comprometió a garantizárselos, incluso de manera privilegiada, a través de las leyes de protección integral de sus derechos -como la nacional 26.061y la 114 de la Ciudad- y la incorporación constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño”.