La Justicia le dio 45 días al gobierno para poner en condiciones al Tornú: si no cumple habrá multas diarias para dos ministras

El Gobierno de la Ciudad tiene un plazo “único e improrrogable” de 45 días para realizar las refacciones y obras que garanticen la seguridad de trabajadores y pacientes del Hospital Tornú, incluyendo reacondicionar las redes de provisión de gas y agua, colocar los matafuegos necesarios y desobstruir salidas de emergencia, entre otros. Además de fijar un plazo, el fallo judicial advirtió que en caso de incumplimiento habrá multas por cada día de demora para las máximas responsables de las medidas: las ministras de Salud y Educación porteñas. El juez advirtió que la falta de concreción de las obras, a casi siete años de iniciado el proceso de denuncia, no se debe a una cuestión presupuestaria sino a falta de voluntad política.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº2, a cargo de Andrés Gallardo, ordenó al Gobierno porteño a realizar una serie de obras y mejoras en el Tornú, en no más de 45 días corridos. El Ejecutivo deberá garantizar el estado de higiene y condiciones edilicias que prevengan situaciones de riesgo; reparar las anomalías de la red de gas; adecuar la red eléctrica a la legislación vigente, así como el sistema de agua bajo presión; instalar los sistemas de iluminación y señalización de emergencia adecuados; entre otros. “Las irregularidades y falencias existentes en el edificio del Hospital Tornú implican un altísimo riesgo para la integridad de las personas”, alertó el magistrado.

Gallardo dispuso la realización de una inspección ocular para el próximo 4 de octubre a las 10, “con el fin de verificar el estado de las instalaciones del nosocomio en todo lo relativo a la orden judicial impartida en autos y a su cumplimiento”. En caso de incumplimiento, el juzgado advirtió que se aplicará una multa conminatoria de $2500 por cada día de retraso a las ministras de Salud, Ana María Bou Pérez, y de Educació, Soledad Acuña.

La titular de la cartera educativa forma parte de la resolución porque entre las medidas ordenadas por el juez se encuentra la reforma necesaria para garantizar un acceso directo e independiente desde el exterior a la Escuela Infantil 2 del Distrito Escolar 14. El documento, al que accedió Nueva Ciudad, menciona que los requerimientos cursados por la asesora tutelar para pedir información sobre la ejecución de esta obra nunca fueron respondidos.

La resolución repasa los orígenes de la denuncia sobre la situación edilicia del Tornú: el proceso comenzó hace siete años por parte del Ministerio Público Fiscal. Hubo sentencia contra el Gobierno de la Ciudad en 2014, que se encuentra firme desde agosto de 2016. “Si en el lapso similar el Gobierno local pudo ejecutar y concluir diversas obras de gran envergadura, como son el Metrobus del Bajo, el de Av. San Martín, etc., bien podría haber realizado las ordenadas en la sentencia de autos, cuya magnitud y costo es, sin duda, sensiblemente menor”, contrastó Gallardo. Y concluyó que los trabajos ordenados en la sentencia “no son obras que requieran ni demasiado presupuesto, ni demasiada complejidad. Sí voluntad por parte de los funcionarios competentes”.

En los últimos meses, los trabajadores realizaron abrazos solidarios y otras medidas para visibilizar el mal estado del Tornú. También intercedió la Defensoría del Pueblo, que realizó un relevamiento e identificó las problemáticas que requieren solución inmediata, como la reparación de instalaciones pluviales, de sistemas de renovación de aire y de calefacción y refrigeración en distintas áreas.