Como en la grandes ciudades del mundo, es necesario retomar la gestión pública del subte y el premetro

El año pasado, se sancionó la Ley 5885, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE- a llamar a licitación nacional e internacional y otorgar, como concesión de servicio público, la operación y el mantenimiento del servicio de Subte y Premetro.

En febrero pasado, SBASE aprobó según la Resolución 3153 las bases y condiciones del correspondiente contrato de concesión y sus respectivos anexos. Así se puso en marcha la licitación sin mediar una audiencia pública que permitiera a los interesados participar.

Mas allá del debate acerca de las reglamentaciones, es cierto que luego de 24 años de operación a cargo de una misma empresa y frente a una serie de modificaciones a implementar, algunas de ellas incluidas en Ley 5885, era atendible hacer públicas las distintas consideraciones que seguramente existen sobre los resultados obtenidos hasta aquí y sobre las propuestas elaboradas para la nueva concesión.

Este 14 de agosto se abrieron las ofertas de los interesados y avanzó la adjudicación y la firma del contrato de concesión para los próximos 15 años, en caso de prórroga.

Desde el 2012, las autoridades locales han tomado diversas decisiones respecto del servicio. Algunos de los resultados son: La tarifa del servicio de subte pasó de $ 1,10 a $ 12,50 lo que implica un incremento de 1036%, sin considerar los descuentos; se incorporaron coches nuevos para algunas de las líneas del subte y se continuaron las obras de extensión de la red iniciadas en administraciones anteriores; las reglamentaciones respecto de la definición y actualización de los costos de la explotación modificadas en diversas oportunidades, resultan poco claras acerca de la metodología usada para el último ajuste de la tarifa.

Como una posible consecuencia de estas situaciones, los pliegos de la actual licitación presentan como necesario un subsidio para el operador durante todo el contrato.

A su vez, desde fines del año pasado el contexto de la economía nacional evidenció significativas modificaciones relacionadas con el valor de la moneda, el nivel de inflación, del endeudamiento, de la ocupación y de los ingresos las cuales motivaron, entre otras medidas, la reducción del presupuesto para la obra pública.

Estas condiciones que sobrevinieron sobre la licitación del subte y premetro probablemente incentivaron diversas flexibilizaciones incorporadas por las autoridades en el último mes respecto de la posibilidad para las empresas interesadas de renegociar el contrato o finalizarlo ante la aparición de situaciones excepcionales.

Dentro de este marco general, que incluye las limitaciones propias del servicio y de la economía en general, vale reconsiderar la gestión estatal a cargo de la empresa SBASE. Las capacidades de esta sociedad en manos del Gobierno Nacional de planificar y dirigir obras, y de operar el servicio están vigentes aún cuando se debería fortalecer y rediseñar su papel para evitar que quien opere el servicio se controle así mismo.

Retomar la gestión pública del subte y premetro, tal como sucede en grandes ciudades del mundo y desde la Defensoría del Pueblo lo manifestamos en varias ocasiones, entendemos que colaboraría para revisar convenientemente los costos en este contexto de ajuste.