Licitan la construcción de otro penal en Marcos Paz para sacar la cárcel de Devoto

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad lanzó la licitación para iniciar la construcción de un centro penitenciario en Marcos Paz, que es el que recibirá a los internos del penal de la cárcel de Villa Devoto. El presupuesto oficial para la obra es de $ 659.324.290,43, fondos que serán aportados por el Gobierno porteño, informa Clarín.
 
El llamado a licitación, para el 21 de septiembre, ya fue publicado en el Boletín Oficial.  El plazo de ejecución de la obra será de dos años a partir del inicio. Pero este primer llamado sólo contempla la construcción de las obras generales de infraestructura y de los edificios auxiliares. También deberán convocar a otras dos licitaciones para levantar los pabellones de detención, entre otras instalaciones.
 
El 12 de marzo, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el presidente de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, firmaron un convenio marco para desafectar el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Pero previamente, la Ciudad debe construir una nueva cárcel y afrontar su costo. Este acuerdo fue convalidado por la Legislatura en junio pasado.
 
El Centro Penitenciario Federal de Marcos Paz V (CPF V) va a tener 2.240 plazas. Será allí donde se alojen los más de 1.800 internos que actualmente cumplen sus condenas en Devoto. El traslado demandará entre dos y tres meses.
 
Después, la Legislatura deberá tratar otro proyecto para rezonificar el predio que hoy ocupa la cárcel entre Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano y permitir su venta. Se trata de 46.380 m2, el 35% de los cuales serán destinados a emprendimientos inmobiliarios y el 65% a espacios públicos.
 
El proyecto del traslado de la cárcel es fuertemente resistido por sectores involucrados en diferentes proyectos dentro de la unidad penitenciaria. Se trata de un conjunto de personalidades, instituciones y profesionales que se oponen al desmantelamiento del penal y que han conformado en junio pasado el “Colectivo no al traslado de la cárcel de Devoto”.
 
Claudia Cesaroni, abogada del CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y también autora del libro la “Masacre del Pabellón 7mo” explicó a Infonews que los abogados, los sobrevivientes y los familiares de víctimas de la dictadura que pasaron por allí se oponen a la demolición y al traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que es un Sitio de la Memoria señalado desde 2012. Asimismo, hay medidas de prueba pendientes por parte del Juzgado Federal 3 de Daniel Rafecas.
 
También porque la cárcel debe estar en el lugar donde viven las personas que allí están. Los fiscales, abogados defensores, tienen familias y es un derecho no alejarlas de esas instituciones.
 
Marcelo Langieri, sociólogo y coordinador del Programa UBA XXII por la carrera de Sociología en la cárcel de Devoto expresó que el lugar “está asociado a las violaciones de los derechos humanos”. Aduce que tampoco hay un plan racional que preserve los intereses que están involucrados. El Centro Universitario de Devoto se ve amenazado, y es la nave insignia del programa. “Que se apruebe el traslado sin que se contemple la suerte del proyecto es un atropello, es inviable si se va a Marcos Paz. Además, hay toda una economía que se mueve y vive alrededor del penal, solo tienen en cuenta los intereses inmobiliarios”, explica Langieri.
 
Para Rolando Saucedo, secretario general del Centro Universitario de Devoto, no deberían trasladarlo pues allí cursan 340 personas, y que solo el 3% de los que pasaron por la universidad vuelve a reincidir contra un 70% de la población común. Es más barato ampliarlo que crear nuevas cárceles. “El proyecto es pionero en el mundo, vienen de otros países para conocerlo, no necesitamos nuevas cárceles, necesitamos más educación para no volver al delito. Si nos llevan al interior nos quedamos sin familia”, dice. 
 
Lucía Braggio es docente de la escuela primaria y secundaria de la cárcel de Devoto. Explica que el traslado implica el cierre del centro universitario, los talleres, una escuela primaria, secundaria y uno de formación profesional. “Además los docentes nos quedamos sin trabajo y no hay garantías de continuidad de estos programas, conformando esto una clara vulneración de derechos”, concluye.