Quieren rematar el inmueble donde funciona la Cooperativa La Litoraleña

Desde el viernes pasado, los trabajadores de La Litoraleña, constituidos en cooperativa de trabajo luego de que el empresario los abandone hace ya casi tres años, se encuentran resistiendo ante la amenaza de desalojo por el posible remate del inmueble donde producen pastas, tapas de empanadas y tartas, prepizzas y otros productos alimenticios. Son 55 trabajadores.
 
Luego del cierre y quiebra de Deconti S. A., tradicional fábrica de tapas de empanadas que se encuentra en Girardot 345 en el barrio de Chacarita, los trabajadores se hicieron cargo de la recuperación y reapertura como Cooperativa de Trabajo. En octubre de 2015 los trabajadores tomaron la fábrica porque el dueño les debía sueldos, aguinaldos, vacaciones y había despedido a 29 personas. Desde entonces los trabajadores se formaron en cooperativa y comenzaron a producir.
 
Maciel Santos, uno de los trabajadores contó a La Izquierda Diario que hace tres años están constituidos en La Nueva Litoraleña. "Durante un año sostuvimos la toma junto a diversas cooperativas y con el apoyo del barrio, exigiendo al Juzgado Comercial N°18 que nos otorgue el permiso para poder producir y así garantizar nuestro sustento. Después de un año y medio de una dura lucha conseguimos el permiso laboral y nos conformamos en Cooperativa, con matricula que nos dio el INAE y un permiso judicial para producir hasta mayo del 2019."
 
"El viernes nos enteramos que el dueño quiere rematar el inmueble donde estamos trabajando y nos cayó muy mal porque nosotros venimos sosteniendo a nuestras familias con este trabajo. Hay compañeros con mucha antigüedad, muchos con 40 y 50 años de edad y ante la situación del país creemos que conseguir otro trabajo es casi imposible. Queremos seguir trabajando acá en La Litoraleña, donde como yo hay compañeros con 25, 30, 35 años de antigüedad. Toda una vida trabajando en este lugar", continúa Santos.
 
El Juzgado Civil N° 51 puso fecha de remate del edificio donde están las máquinas con las que trabajan para hoy martes. "Por eso hoy nos estamos manifestando y evitando que ingrese la martillera que enviaron para llevar adelante el remate. Queremos hacer valer nuestro permiso para producir”, explica Santos.
 
“El Juzgado Comercial N° 18 a cargo de la Doctora Valeria Pérez Casado, que nos otorgó el permiso, nos cobra un alquiler de $ 50.000 por el inmueble y ahora nos quieren venir a desalojar. Logramos tener habilitación municipal para producir productos alimenticios, cosa que nunca tuvo el dueño, pero parece que a él no se lo exigían. Tenemos todo al día, con todo el esfuerzo que significa pagamos a los proveedores, los tarifazos de luz y gas los venimos sosteniendo para funcionar, pero nos ahogan de todos lados. No quieren dejarnos trabajar y que podamos sostener a nuestras familias”, concluye Santos.
 
“El Juzgado N° 51 de la Dra. Silvia Tanzi, desconoce rotundamente que tenemos derecho al trabajo digno y genuino y favorece con este fallo a la mafia de rematadores y a la especulación financiera, sin importar el desguace de una fábrica en marcha y sin importar que también como trabajadores la patronal generó una deuda millonaria de salarios adeudados. Ya han pasado más de tres años y todavía no hemos cobrado nuestras acreencias laborales; y por si fuera poco ahora vemos como se siguen sustrayendo bienes de nuestro empleador que deberían servir para pagarnos lo que nos debe. La justicia para el patrón, para los trabajadores nada”, explican los trabajadores.
 
El viernes pasado se presentó una oficial de justicia en la planta para mostrar a los supuestos compradores el inmueble, los trabajadores se opusieron a la entrada, a lo que siguió una denuncia policial y momentos de tensión.
 
“Los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña sabemos que sin lucha es imposible defender lo que nos corresponde, sabemos que merecemos vivir mejor, sabemos que contamos con la solidaridad de las cooperativas hermanas y de la clase obrera que lucha; por esto nuestra asamblea resolvió por unanimidad oponernos con todos los recursos que contemos a este "acto legal" de injusticia e irracionalidad”, concluyen los trabajadores.