¿Vuelven los edictos?

Esta semana que pasó se cumplieron algunos viejos sueños macristas. Por un lado, consiguieron concesionar por 20 años parte del ex Zoológico (al que todavía siguen llamado Ecoparque, aunque ese proyecto ya se terminó). Es exactamente la cantidad de tiempo que Mauricio Macri había intentado aprobar cuando era jefe de Gobierno, pero no había obtenido consenso. Horacio Rodríguez Larreta pareció por un momento dar un giro en esa estrategia, pero ahora vemos que la mira siempre estuvo puesta en volver a poder el Jardín Zoológico en manos privadas. Por otro lado, finalmente pusieron a la venta el predio El Dorrego, una operación que tiene un destinatario específico: Adrián Suar y su productora obtendrán esa dulce manzana. A esos sueños que Macri no pudo cumplir en sus ocho años, pero que Larreta realizó en los siguientes tres, se sumará ahora una nueva reforma del Código Contravencional y de Faltas. Con la mayoría obtenida en las elecciones de 2017, el PRO va camino a perseguir aún más a todos aquellos que trabajan informalmente en la calle.

Lo venimos diciendo: las nuevas mayorías legislativas del PRO, a las que se suman los aliados de Martín Lousteau (circunstancialmente) y los de Elisa Carrió (en forma ya más cimentada) le están permitiendo cumplir al PRO varios proyectos postergados. La semana pasada comentamos que, entre otros, está avanzando con un Código de Urbanización y Edificaciones que dará rienda suelta a la especulación inmobiliaria y permitirá construir en mayor altura en todos los barrios. A eso se sumaron varias privatizaciones postergadas por falta de votos. La del ex zoológico había fracasado en los últimos tiempos de Macri como jefe de Gobierno. Larreta hizo un giro y propuso terminar con el concepto del zoológico y pasar a un Ecoparque. Lo aplaudieron hasta que se empezaron a ver los resultados desastrosos. Nueva Ciudad difundió imágenes de cómo está hoy el predio y de cómo se está avanzando sobre la vegetación. Nada de esto impidió que el macrismo aplicara sus mayorías para aprobar la concesión privada de 15 edificios dentro del ex Jardín Zoológico.

En la misma sesión, también dieron carta blanca para privatizar el predio El Dorrego, que hace años que Macri le quiere entregar a su buen amigo Suar. Pese a que intentaron sobornar a los vecinos con la decisión de que parte de la venta se utilizará para construir la Plaza Clemente que reclaman en el barrio, la resistencia vecinal a esa venta fue alta. Y se vio en el recinto.

Pero esto no termina acá. Ahora se viene la discusión de una reforma del Código Contravencional y de Faltas con puntos que el PRO nunca logró aprobar y que incluso perdió: la oposición logró en su momento aprobar una regularización de los cuidacoches, que Macri vetó. La nueva reforma es mucho más ambiciosa y le da a la Policía de la Ciudad –que tiene un extenso prontuario ya, que se suma al de la Metropolitana y el de la Federal, por separado- amplias facultades para decidir sobre la libertad de los Ciudadanos.

Algunos ejemplos: si se aprueba el proyecto, ya no es necesaria una orden judicial para detener a una persona. Tampoco lo es para actuar ante un hecho, que puede ser denunciado en forma anónima. El proyecto prohíbe completamente actividades de la economía informal, como “limpiar vidrios de vehículos en la vía pública” o bien “brindar servicios de estacionamiento sin autorización legal”. Esto no redundará en el fin de esas actividades, sino en un mayor poder de la policía para negociar cuotas y pagos ante personas que están en situaciones de extrema pobreza, tal como explican las antropólogas María Victoria Pita y María Inés Pacecca en su libro Territorios de control policial.

Concretamente, por trabajar de cuidacoches se prevén uno a cinco días de arresto y una multa de hasta 2000 pesos, lo que se duplica si es en el contexto de algún evento masivo. Los limpiavidrios reciben multas de 400 pesos y similar cantidad de días de detención o de servicios públicos. También “se elevarán al doble cuando la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas, la conducta esté basada en la desigualdad de género o la víctima sea mayor de 70 años de edad o con discapacidad y cuando exista previa organización”.

(s)Para los músicos callejeros o incluso para las manifestaciones políticas, aparece otro inciso vinculado a los “ruidos molestos”. Para esa contravención, se prevén dos a diez días de trabajo público o multa de 400 a 2000 pesos.(S) El texto agrega una excepción: “Cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública, con excepción de las manifestaciones artístico culturales a la gorra, la sanción será de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, multa de cuatrocientos a dos mil pesos o arresto de uno a cinco días”. No obstante, los distintos colectivos de artistas callejeros consideran que esa excepción no es suficiente, porque la policía todavía puede arrestarlos con una denuncia anónima.

También se penaliza la fijación de carteles o volantes en la vía pública con pena de arresto. No se aclara qué ocurre cuando se trata de agrupaciones políticas o culturales, por lo que todos entran dentro de la misma bolsa. El proyecto ha sido publicitado por el macrismo por la decisión de penalizar el acoso callejero. Le pone una pena e uno a cinco días de arresto y tiene como “agravante del delito los casos donde el sujeto pasivo de la contravención resulta un menor de 18 años o persona con discapacidad; cuando hay concurso de dos o más personas; y cuando el acoso sexual está basado en desigualdad de género”. También busca penalizar conductas por Internet, como la difusión de grabaciones íntimas, aunque esto generó una polémica dado que no hay forma de regular esto solo para la Ciudad de Buenos Aires. Pese a estos últimos puntos, que seguramente formará parte del marketing a la hora de su tratamiento, a muchos les recuerda a los edictos policiales, que fueron derogados en 1998.