La Legislatura votará este jueves la polémica reforma del Código Procesal Penal porteño

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debatirá hoy un polémico proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal en el marco de las competencias delegadas por la Nación al ámbito de la Ciudad. La iniciativa, que hasta la mañana de este jueves seguía siendo analizada para la incorporación de modificaciones, consta de 69 artículos que cambiarían la normativa en la que deben basarse los jueces y fiscales.

Entre sus puntos más polémicos, contempla las figuras de "informante" y de "agente encubierto" y "revelador" en las investigaciones. A nivel nacional, estas herramientas se utilizan sólo en las investigaciones por delitos complejos, pero con la sanción de la norma en la Ciudad se podrían usar en cualquier contravención. 

Otro punto que causó rechazo es el de la vigilancia electrónica. El proyecto que está por ser presentado por el oficialismo permitiría intervenir líneas telefónicas, vigilancia con registro fotográfico o acceso a conversaciones privadas para cualquier contravención. En la actualidad, la norma permite ciertas medidas como las escuchas telefónicas sólo cuando se investigan delitos graves: secuestros, robos con arma, homicidios y delitos similares. 

El nuevo Código también prevé incorporar principios para robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de conflictos; también elude al concepto de vidima, para precisar los alcances de la facultad de querellar cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, o cuando éste se encuentre materialmente impedido para hacerlo. El oficialismo cuenta con 34, por lo que no tendría inconvenientes para lograr que se sancione.

Críticas. “En el marco de que la Ciudad se está haciendo cargo de nuevas competencias penales, el proyecto pretende poner a todos los habitantes bajo un sistema de vigilancia permanente y hacerlo sin ningún control, un verdadero Gran Hermano que va a estar a cargo del Gobierno de la Ciudad y de Angelici, el gran operador de la Justicia porteña”, advirtió la legisladora Myriam Bregman, del PTS-FIT.

Desde Unidad Ciudadana, en tanto, los legisladores y legisladoras también anunciaron que rechazarán el proyecto de reforma. “Es muy peligroso para nuestra democracia, con la experiencia que ha tenido nuestro país, que las fuerzas de seguridad tengan facultades tan amplias y discrecionales en temas en los que se debe tener mucho rigor. Más aún si pueden a acceder a celulares y computadoras de manera remota sin que haya especificaciones  acerca de en qué casos es aplicable”, aseguró la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro.  

Así mismo, un conjunto de organizaciones sociales abocadas a los derechos humanos y la libertad de expresión emitieron un comunicado para advertir sobre la reforma. El texto –firmado por Amnistía Internacional Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, Fundación Vía Libre y Poder Ciudadano, entre otros- remarca que “una de las técnicas propuestas busca autorizar el ingreso remoto a dispositivos como celulares y computadoras” y alerta que “el acceso remoto es una amenaza grave a la intimidad, ya que puede conducir a la vigilancia en tiempo real a través de la cámara, el micrófono o el GPS, de manera encubierta”.