Casi el 80% de los detenidos en 2017 por presuntas contravenciones en la Ciudad realizaban actividades de subsistencia

por Luciana Rosende

La Constitución porteña prohíbe la detención preventiva de quien cometa una presunta contravención. Sin embargo, a lo largo del año pasado, más de mil personas fueron detenidas en materia contravencional. De ellas, casi el 80 por ciento se encontraba realizando actividades de subsistencia en la vía pública –como cuida coches o venta ambulante- cuando terminó en una comisaría.

Los datos se desprenden del relevamiento del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad sobre las personas asistidas en los últimos años, y demuestran a su vez la gravedad de las modificaciones que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tanto para el Código Contravencional –que estipula las figuras contravencionales- como para la Ley de Procedimiento Contravencional –que establece las sanciones-.

“En 2017 la persecución estuvo centrada en los cuidacoches”, advierte Emelina Alonso, responsable de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad del MPD.  “En la Ciudad, lo que prevé la Constitución es que la detención preventiva en materia contravencional está prohibida –explica la abogada, en diálogo con Nueva Ciudad- Pero lo que se ve claramente es cómo incrementaron las detenciones en materia contravencional en los últimos años”. Mientras que en 2015 hubo 281 casos, en 2016 sumaron 492. En 2017 el salto fue notorio: 1095 personas detenidas asistidas en el MPD por presuntas contravenciones.


 
“Por ejemplo si hay un presunto hostigamiento a una persona en la calle -que podría ser el acoso callejero- y no se sabe quién es la persona porque no tiene documentación, entonces con la justificación de que es necesario identificarla se la detiene. Habitualmente el Ministerio Público Fiscal –que es el que percibe las conductas contravencionales o los delitos- no dice ‘estas personas están detenidas’. Pero lo cierto es que no pueden circular libremente, así que son detenciones. En principio lo que vemos es que eso se fue incrementando en los últimos años. Vemos ahí una misma línea en el sentido en que hoy se reforma tanto el Código Contravencional como la Ley de Procedimiento Contravencional”, señala la letrada.

En relación a la modificación del Código que impulsa Larreta y que todo indica que se aprobará próximamente en la Legislatura, Alonso advierte que “están incorporando sanciones que algunas figuras no tenían, como el arresto para los trapitos. O sea, están creando figuras contravencionales que antes no existían. Por ejemplo, se crea la figura como contravención de limpiar vidrios”. De hecho, así lo explicó el presidente de la Comisión de Justicia y diputado de Vamos Juntos, Daniel Presti: “No queremos regular a los trapitos y a los limpiavidrios, nuestra propuesta en prohibir la actividad”.

En cuanto a la modificación de la Ley de Procedimiento Contravencional que propone el Ejecutivo porteño, la titular de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad del MPD remarca que “tal vez sea lo más problemático. Porque una de las reglas que modifican es la de la coacción directa, y de esta forma se habilita a la detención automática por el mero hecho de estar cometiendo una supuesta conducta contravencional”. Y agregó que “da más discrecionalidad a la Policía para detener a la gente”.

“Lo más problemático es eso, la posibilidad de la detención automática por el mero hecho de estar cometiendo una contravención. Estamos hablando muchas veces de actividades de subsistencia. Lo que hacen los cuidacoches, la venta ambulante. En 2017 esto representó un porcentaje muy alto: 68% cuidacoches y 11% uso indebido del espacio público, que básicamente es venta ambulante. En 2017 la persecución estuvo centrada en los cuidacoches”, define Alonso.



Y señala que la mayor parte de estas personas permanecieron detenidas más de ocho horas en promedio, muy cerca del plazo máximo de diez horas para la detención por identificación. Alonso resalta que el proceso debería ser mucho más rápido, sobre todo teniendo en cuenta que en abril de 2017 el Estado dio por concluido el proceso de elaboración de nuevos DNI y digitalización de huellas digitales.



La Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad del MPD que comanda Alonso funciona 24 horas, 365 días al año, para asistir a personas detenidas tanto en materia contravencional como penal. Se trata de un dispositivo único en el país, que existe hace diez años. “El objetivo central es brindar una asistencia homogénea a todas las personas detenidas a disposición del Poder Judicial de la Ciudad. Sabemos que esas primeras horas tras una detención en flagrancia son las más sensibles de una detención. Tal vez hay indicios de violencia institucional y la persona está bajo la custodia de la misma fuerza que la detuvo. Ahí hay un control necesario y la oportunidad de hacerlo velando verdaderamente por los derechos de esa persona es en ese momento”, dice la abogada. Y alerta que “la modificación (del Código Procesal Penal, aprobada este jueves en la Legislatura porteña) tiene por objeto tratar de postergar ese control” y por otro lado “la reforma de algún modo también plantea una extensión de los plazos de detención en flagrancia”.

En un informe recientemente presentado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, realizado tras su visita a la Argentina el año pasado, el organismo recomendó entre otras cosas garantizar la asistencia jurídica en las primeras horas de detención en las comisarías. “Es lo que hacemos nosotros y nadie más en el país. Si esta política dejara de existir (por la reforma del Código Procesal Penal), sería retrotraerse con respecto a determinados estándares jurídicos que ya existen en la Ciudad. Y que a Nación le están exigiendo que cumpla en el resto del país”, plantea Alonso.