Días antes que Sbase admitiera la existencia de asbesto en la línea B, otro trabajador del subte español murió por asbestosis

“Otro trabajador de Metro de Madrid con una enfermedad profesional por exposición a fibras procedentes de amianto murió anoche en la Comunidad de Madrid, por lo que ya son dos los empleados fallecidos por esta causa”. Así confirmaba la agencia EFE, el 5 de octubre último, la segunda muerte por asbestosis entre los trabajadores del subte madrileño. Días después, en una entrevista, el titular de Subterráneos Buenos Aires (Sbase) admitía la existencia del material cancerígeno en coches de la Línea B y anunciaba que serían convertidos en chatarra.

Según informó la prensa española, hasta el momento son cuatro los casos de trabajadores del Metro de Madrid con asbestosis como consecuencia de su exposición a fibras procedentes del amianto. El fallecimiento de este mes se suma al ocurrido el pasado 24 de mayo.

La nueva víctima es Julián Martín Rebate, de 60 años. Fue el primer trabajador de la compañía al que se le reconoció asbestosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de asbesto. En junio, este empleado había presentado una demanda ante los Juzgados de lo Social para reclamar a Metro una indemnización de 395.602 euros. Rebate había comenzado a trabajar en 1979 en mantenimiento del Metro de Madrid, como mecánico de material móvil, y permaneció toda su vida laboral en la compañía. Allí estuvo en contacto con "unos elementos que estaban compuestos de amianto, sin que le facilitaran ningún tipo de medidas de protección, en ningún momento, ni siquiera una triste mascarilla", según su abogado, Fernando Morillo.

Como consecuencia de la enfermedad profesional, según el letrado, el trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal desde junio de 2017 hasta que la Seguridad Social le reconoció la incapacidad laboral permanente el 12 de marzo de este año.

En territorio porteño, el conflicto por la presencia de asbesto en vagones de la Línea B comenzó a principios de este año, a partir de las denuncias en España. En los últimos días, el tema reflotó a partir de las declaraciones del presidente de Sbase, Eduardo de Montmollin, quien en una entrevista con el portal enelSubte, dijo: “Ante la primera noticia de que los CAF 5000 tenían materiales con asbesto preventivamente los retiramos de circulación. Ahí empezó un minué con los metrodelegados donde otros temas se metieron en la discusión –personería, paritarias, temas políticos-, porque no nos dejaban sacar los trenes de los talleres de la B. Ahora estamos en una mejor situación y estamos retirándolos de la B para llevarlos a Magaldi. Hemos contratado, con intervención de la Agencia de Protección Ambiental, a una empresa autorizada para que hagan la disposición final de los componentes con amianto. A los coches se los chatarreará”.

La admisión por parte de Montmollin llegó luego de negativas y minimización del tema por parte de la empresa estatal durante meses. A partir de sus declaraciones, la polémica volvió a estallar: los vagones que serán convertidos en chatarra habían sido comprados a España en 2011 por más de cuatro millones de euros, por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

“Nunca se tendrían que haber comprado estos trenes, primero porque está prohibido el asbesto en el país y segundo porque también es ilegal su comercialización, con lo cual hay un desastre desde el punto de vista legal para ambos países”, dijo el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Roberto Pianelli, a Página 12. Y remarcó que la decisión de SBASE “llegó tarde”.

Según los trabajadores del subte, el propio manual de los vagones comprados en 2011 aclaraba que tenían amianto, pero el Gobierno de la Ciudad los sacó de circulación recién tras la muerte de un empleado del Metro de Madrid por estar en contacto con el material cancerígeno.