La Justicia detectó terminales truchas de micros

Días atrás la Justicia porteña clausuró una terminal ilegal de micros en Monteagudo al 700, en el barrio de Parque Patricios. La zona de Once sigue invadida por micros sin control, con pasajeros de las provincias que vienen a hacer compras. Persisten las paradas precarias en Palermo y Floresta. Y las terminales legales no ofrecen condiciones mucho mejores: la de Retiro continúa sumida en el abandono, Liniers es incómoda e insegura, y Dellepiane casi no recibe micros, aunque fue inaugurada hace un año y medio, informa Clarín.

De la parada ilegal clausurada en Parque Patricios, partían micros hacia Bolivia y Perú, que no eran sometidos a ningún tipo de control, según fuentes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del operativo. Igual de peligroso era el tanque de 15.000 litros de combustible que había allí y que no contaba con habilitación ni condiciones de seguridad mínimas.

Pero esta no es la única terminal ilegal detectada en la Ciudad: en Once los micros truchos llevan pasajeros de las provincias a comprar por mayor en la zona y luego revender en sus ciudades. Por día llegan diariamente 3.500 pasajeros en unos 70 micros, que estacionan en la calle desde la madrugada hasta las 18 o 19 horas.

Otros barrios de la Ciudad que ofician de terminales ilegales para buses, minibuses y combis son Palermo (especialmente las zonas de Plaza Italia y la avenida Coronel Díaz entre Beruti y Arenales), Floresta (cerca de la avenida Avellaneda, epicentro de tours de compras) y Recoleta (Rodríguez Peña y Paraguay). Los destinos son variados: desde localidades bonaerenses cercanas como Lobos, Chivilcoy y San Pedro, hasta la Costa Atlántica y ciudades del norte argentino como Salta, Santiago del Estero y San Salvador de Jujuy.
 
“Estas empresas violan la modalidad: sacan permiso de turismo para tours, pero ofrecen servicio de venta de pasajes regular, con paradas preestablecidas. Entonces funcionan como si fueran de larga distancia, pero no cumplen con las obligaciones que ese rubro tiene, como condiciones de seguridad, derechos laborales, horarios fijos, y pago de impuestos y de uso de terminal o dársena”, explica a Clarín Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Empresas de Micros de Larga Distancia (CELADI). Así es como consiguen precios más competitivos, sostienen desde esa cámara, que pueden ser “de hasta un 50% menos que los ofrecidos por las compañías en regla”.
 
Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) indican que hay controles diarios en la zona de Once y los barrios de Flores, Núñez, Palermo, Constitución y La Boca. Y que en lo que va del año ya se labraron 773 infracciones y se retuvieron 22 unidades por transporte ilegal o violación a la modalidad para la que están habilitados, uno de ellos en Once.
 
Las terminales legales no ofrecen condiciones mucho mejores para esperar los micros. En la de Liniers, que en realidad es un parador, operan 70 empresas, pero hay sólo 12 plataformas y apenas ocho bancos. La comunicación es deficiente: nunca se sabe a qué hora realmente llegarán los buses que inician su recorrido en Retiro. Lo más grave allí es la inseguridad, ya que los robos y arrebatos son moneda corriente.
 
Falta seguridad también en el entorno de la terminal de Retiro, por la que todos los días circulan cerca de 50.000 personas, de las cuales la mitad aborda o arriba en un micro. Las instalaciones dan pena: los sanitarios son insalubres; las rampas y escaleras mecánicas no funcionan hace años; y abundan el mal olor, la suciedad y los precios imposibles en kioscos y bares. No hay precisiones sobre cuándo se relicitará esta estación, aunque se sabe que la fecha límite para contar con un nuevo operador es en abril próximo.
 
La terminal Dellepiane, que se inauguró hace un año y medio en el Bajo Flores, y cuya inversión fue de US$ 30 millones, dos años de obra y 48 dársenas, el edificio recibe apenas el 1% de los servicios que pasan por la Ciudad. Fuentes del sector indican que las empresas de larga distancia se niegan a usarla porque es poco accesible e implica pagar por más dársenas y peajes.