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- 12.03.2019
EDUCACIÓN
Acuña sigue sumando reclamos: exigen que acate la orden judicial y reabra el lactario del Ramos
“Las clases ya empezaron y les bebés esperan entrar al lactario”, señalaron desde la comunidad educativa del jardín del Ramos, que desde fines del año pasado lleva adelante una fuerte lucha en defensa del jardín. Pese a que un juez lo ordenó, el Gobierno de la Ciudad aún no habilitó la inscripción.
“Cumpla con la medida judicial y no la demore más”. El pedido se suma a la seguidilla de reclamos que viene acumulando la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. En este caso, la exigencia es por la reapertura del lactario del jardín de infantes del Hospital Ramos Mejía. Pese a que una medida judicial ordenó que se reabra, el Gobierno porteño aún incumple el fallo.
“Las clases ya empezaron y les bebés esperan entrar al lactario”, señalaron desde la comunidad educativa del jardín del Ramos, que desde fines del año pasado lleva adelante una fuerte lucha en defensa del jardín. Tras el fallo del primero de marzo que ordenó la reapertura, las familias fueron a expresar su reclamo a la Supervisión del Distrito Sexto.
Además, familias nucleadas en el colectivo Vacantes para Todxs presentaron una nota en el ministerio de Educación, con el mismo texto que se dejó en Supervisión.
El fallo en cuestión lleva la firma del juez Marcelo López Alfonsín. Como el Gobierno puso como argumento para justificar el cierre el mal estado de las aulas, el magistrado hizo una inspección ocular. En su escrito dejó en claro que el Gobierno porteño mentía y que no había impedimentos para que esas salas del jardín funcionaran. También contradijo a la ministra Acuña, quien suele afirmar que no tiene obligación de garantizar vacantes hasta los cuatro años, y le recordó que la Constitución porteña dice otra cosa: “El Estado asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”.
El juez le ordenó, por lo tanto, que suba a la inscripción esas vacantes de 45 días a 1 año que había retaceado. Ante el incumplimiento de la medida, las familias volvieron a reclamar.
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