Esa costumbre de reprimir

Las declaraciones previas al 1 de Mayo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dejaban lugar a dudas: se estaban preparando para reprimir. La funcionaria calificó de “cuasi-terroristas”, ladrones y mafiosos a quienes iban a salir a protestar el 30 de abril y el 1 de mayo. Que Bullrich sea funcionaria nacional y no porteña ya pasó a ser una anécdota: hace tiempo que la ministra ganó la interna contra Horacio Rodríguez Larreta y colonizó la estrategia de represión de las manifestaciones en la Ciudad. El último caso fue la represión a manifestantes frente a la embajada de Venezuela, país donde el Gobierno argentino avala cualquier intento de vulnerar las instituciones. El abogado de una de las víctimas denuncia que un policía le disparó a un metro de la cabeza y un casquillo quedó alojado en el oído del joven. El amparo político a esta brutalidad, solo roto a veces con la teoría de los “excesos”, garantiza que sigan y se incrementen.

Otra vez la Policía de la Ciudad reprimió, en lo que viene siendo una marca de agua de esa fuerza policial: la represión de manifestaciones políticas y sociales. Lo viene haciendo desde su creación, pese a que la ley con la que fue creada decía que estaba para otra cosa. En este último caso cayeron sobre una marcha a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que el Gobierno argentino no reconoce y fomenta su destitución. Los manifestantes, por el contrario, denunciaban un golpe de Estado, hasta que empezaron los golpes, pero de los policías porteños. La policía argumentó que intervino para terminar con un entredicho entre estos manifestantes y los venezolanos que se acercaron para apoyar al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó.

Ante la represión, uno grupo de militantes del Partido Comunista comenzaron a retroceder. Allí es cuando uno de ellos recibió un disparo apuntado a la cabeza. Se trata de Rodolfo Martín D’Angense, cuyo abogado denuncia directamente un intento de fusilamiento por parte de la Policía de la Ciudad.  “Le dispararon a la cabeza y a una distancia mínima, a un metro de la cabeza. Él cae y le sigue disparando en el piso”, contó Pedro Dinani. Relató también que, cuando sus compañeros quisieron asistirlo, el mismo policía les siguió disparando.  Según detalla este relato, no hubo un muerto de casualidad.

Estos casos de brutalidad policial no son patrimonio exclusivo del macrismo, sino que tiene una extensa historia como pueden atestiguar los archivos de la CORREPI o del CELS, por citar dos casos. Lo que el macrismo viene haciendo sistemáticamente desde 2016 es respaldar a la policía en todos los casos, salvo algunos muy aberrantes en los cuales recurre a la teoría de los “excesos”. Por eso no sería sorprendente que no haya ningún tipo de sanciones, investigación ni nada que se le parezca.

De hecho, el joven, lejos de ser tratado como una víctima fue detenido (en verdad, lo tuvieron que trasladar a una clínica, por su condición). El motivo por el que fue arrestado fue resistencia a la autoridad, la figura comodín que la policía utiliza para realizar detenciones arbitrarias, que luego se caen cuando las analiza un juez, como ya pasó con una causa que tenía Marcelo Martínez de Giorgi, que absolvió a los manifestantes detenidos en la marcha del 1 de septiembre de 2017. Allí el juez utilizó un término para hacer zafar a la policía: dijo que había “déficit probatorio” en las acusaciones que le hicieron a los 22 manifestantes. Según los abogados de las víctimas, se quedó corto: había detenciones arbitrarias, actas fraguadas, brutalidad por doquier. Pero de esa caracterización, por ejemplo, se agarró el vicejefe Diego Santilli cuando le preguntamos en FM Futurock por ese caso: dijo que el problema es que la ley requiere unos requisitos muy altos para probar los delitos imputados. Y, por supuesto, defendió a la policía. Santilli es, además de vicejefe, el actual ministro de Seguridad, alineado con la doctrina Bullrich luego de los primeros años, en los que Larreta intentaba diferenciarse.

No obstante, hace tiempo que el jefe de Gobierno perdió los pruritos que tenía en seguir la línea de la ministra de Seguridad (que, como explicamos muchas veces, pasaban más por la posibilidad de que se truncara su carrera presidencial), y comenzó a utilizar a la Policía de la Ciudad para reprimir, casi desde su formación. Recordemos algunos casos:

• En 2017, primer año de existencia de la Policía de la Ciudad, comenzaron por reprimir a los manteros de Once. Es paradigmática la elección de las víctimas en este bautismo de fuego: le apuntaron especialmente a los senegaleses, por pobres, negros y migrantes.
• Luego escalaron hacia las marchas feministas del 8M: ese año, según recordarán, produjeron una verdadera cacería tras la manifestación, que incluyó ataques a las mujeres con claros rasgos de lesbofobia.  Las manifestantes fueron hasta obligadas a desvestirse y humilladas por policías varones.
• Lo siguió una represión a vecinos de La Boca que protestaban por los balazos que había recibido dos habitantes en medio de una balacera producida por la Bonaerense en una persecución desde Avellaneda.
• Ese mismo año reprimieron a los docentes que quería instalar una carpa frente al Congreso, lo que después sería la Escuela itinerante. En ese caso, Larreta tuvo que dar marcha atrás y permitir la instalación. Sin embargo, siempre defendió la represión.

Estos son los primeros registros, luego los casos de represión se volvieron cada vez más frecuentes e incontables. Entre otros, se puede mencionar la represión a los trabajadores de la agricultura familiar, que intentaban vender verduras baratas en Constitución en plena crisis económica, el ataque a reporteros gráficos (que se ha vuelco sistemático en muchas movilizaciones, como alertaron los organismos de derechos humanos), a trabajadores de empresas recuperadas y la lista sigue y sigue.

El jefe de Gobierno calcula que su decisión de dar rienda suelta a la represión no lo afectará en las elecciones de este año, dado que sus votantes convalidan los palos sobre desocupados, migrantes y otros sectores vulnerables. Lo mismo tal vez pensaba Eduardo Duhalde antes del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán o Jorge Sobisch antes del fusilamiento de Carlos Fuentealba. Los gobernantes, al parecer, tienen una memoria muy corta.