El caso de la migrante deportada junto a su hijo llegó a la Comisión Interamericana de DDHH

“Te subis al avión o el bebé se va sólo”, le dijeron funcionarios de Migraciones a Vanessa Gómez Cueva al expulsar del país. La mujer se encontraba detenida junto a su bebe y fue obligada a subirse al avión ante la amenaza de funcionarios que tenían a su bebé. Esta fue una de las tantas violencias estatales que tuvo soportar la mujer.

Vanessa Gómez Cueva nació en Perú y tiene 33 años. Llegó a Argentina hace más de 15 años. Fue condenada a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes en un juicio abeviado. Tras cumplir su condena en 2014, logró reinsertarse en la sociedad. Se recibió de Técnica Superior en Enfermería mientras estudiaba, trabajaba y criaba a sus tres hijes.

Pese a esto y en el marco de un endurecimiento de las políticas contra los migrantes por parte del gobierno de Cambiemos, Migraciones decidió expulsarla del país sin considerar su reinserción ni a sus tres hijos argentinos y engañándola en diferentes etapas del proceso.

Ante esta situación comenzó una campaña de visibilización del caso. Ahora, su abogado Juan Martín Villanueva en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron “una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de evitar el daño irreparable a sus derechos a la integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños, producto de la situación grave y urgente que enfrentan a causa de la expulsión del país de Vanessa Gómez Cueva y su hijo menor y la subsiguiente separación de la familia”, según explicaron.

Además, enmarcaron el caso de Gómez Cueva “en un contexto regresivo en materia de derechos de las personas migrantes en la Argentina”. La principal regresión es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/17 con el que se modificó la Ley de Migraciones 25.871.

“El DNU estableció un procedimiento sumarísimo que vulnera las garantías procesales y el derecho de defensa. En particular, estableció una limitación a la dispensa por unidad familiar incluida en el artículo 29 de la referida ley”, indicaron. Los cambios que plantea el DNU tienen que ver con acortar plazos a los migrantes que son notificados sobre su expulsión.

Además, vincula a los migrantes con la delincuencia al determinar que cualquier tipo de delito, sea grave o no, es motivo suficiente para expulsar a una persona de este país.

El caso

El 1 de febrero último, agentes de la policía buscaron a Vanessa Gómez Cueva en su casa de Villa Lugano y pidieron acompañarlos para "firmar una notificación". Vanessa llevó con ella a su bebé de dos años y dejó a sus otros dos hijos en casa, uno de 5 años y otra de 14.

Pero Vanessa fue engañada: la trasladaron directamente a una celda policial sin luz ni agua, junto con su bebé, y de ahí a un centro de retención en el Aeropuerto de Ezeiza. El 4 de febrero fue expulsada de Argentina junto a su bebé, sin haberse podido despedir de sus otros dos hijos. Sus tres hijos son ciudadanos argentinos.

“En los últimos años Argentina viene implementando una política migratoria que restringe los derechos de las personas migrantes y fomenta la discriminación. El punto máximo de gravedad es la separación de una mamá de sus hijos. Por eso como movimiento global estamos en alerta y desde Amnistía Internacional activamos nuestra red de activistas en todo el mundo para que escriban cartas, e-mails y posteos en redes exigiendo a las autoridades la reunificación familiar. Vanessa debe estar en Argentina con sus hijos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, expresó: "El caso de Vanessa nos muestra cómo las políticas migratorias, contrarias a los derechos humanos, pueden convertir la vida de una familia en un infierno. Nos solidarizamos con Vanessa, e instamos al gobierno peruano, mientras ella se encuentre en Perú, a garantizar sus derechos y el acceso al apoyo integral que requiera”.