Seis meses sin Carla Soggiu: su familia le pide al GCBA que "no ponga piedras" en el avance de la causa

Por Ayelén Bonino

El próximo viernes se cumplirán seis meses del hallazgo sin vida de Carla Soggiu, la joven que desapareció en Nueva Pompeya y cuyo cadáver fue hallado días más tarde en el Riachuelo. El mismo día de su desaparición, la mujer había activado dos veces el botón antipánico que tenía por ser víctima de violencia de género. Pero la Policía de la Ciudad no logró localizarla. Hoy, sus familiares le piden al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que le brinde a la Justicia acceso a los contratos y a la información de la empresa que al momento de la muerte de la joven estaba a cargo del sistema de localización. En este marco, el lunes colocaron una placa en la intersección de las calles Amancio Alcorta y avenida Sáenz para recordarla.

"El Estado, el GCBA, tiene que estar a disposición de los ciudadanos y satisfacer los requerimientos para avanzar y darle fin a esto. Lo único que estuvieron haciendo, negando esto, es poner piedras en el camino. Me da mucha sospecha. Como ellos hicieron las cosas mal quieren tapar. Tienen una impunadad total para no entregar (la información). Ya se las pidió el abogado, la fiscalía y hasta de la Legislatura de la Ciudad", detalla Alfredo, papá de Carla, a Nueva Ciudad.

El caso. La muerte de Carla dejó en evidencia la negligencia por parte del Estado en la asistencia de víctimas violaciones sexuales y mostró también la desidia del GCBA a la hora de brindar información pública. Como si fuera poco, el fallecimiento de la joven reveló las falencias del sistema de botones antipánico como herramienta de pedido de auxilio en casos de violencia de género y develó, además, la desprotección a la que la administración de Larreta sometió a cientos de personas a principio de año. Así lo mostró una investigación periodística que detalló cómo el sistema de GPS no funcionaba cuando la mujer apareció muerta.

Los hechos. Carla, de 28 años desapareció el 15 de enero, luego de hacer sonar dos veces el botón antipánico que tenía por las amenazas que sufría por parte de su exmarido, Nicolás Fuentes, detenido desde el 27 de diciembre. Meses antes, el hombre la había golpeado y violado. La familia de Carla cree que este es el inicio del fatal desenlace. La joven tenía una válvula de hidrocefalia y había recibido varios golpes en la cabeza de parte de su expareja.

Según relata Alfredo, luego del abuso sexual, su hija debió pasar más de 12 horas en dependencias judiciales y hospitales, pero en ningun momento se le realizaron estudios en su cráneo. El dato no es menor. Carla tenía un fuerte golpe en uno de sus ojos. Además, sufría un profundo cuadro de "estrés". Su padre asegura que esto estaría directamente relacionado con la pérdida de lucidez del día que se perdió.

"Cuando ella hizo la denuncia tuvo que pasar por distintas dependencias, comisarías y el hospital. La tuvieron como 12 horas. A ella el único recaudo que le había dicho el neuricirujano era que no se tenía que golpear la cabeza. No tenía que tomar medicación ni nada", explica Alfredo. "Si a vos te aplican un golpe teniendo una válvula de hidrocefalia... no se le ordenó hacer ni una tomografía o una resonancia, nada. Me parece muy mal porque era lo primero que tendrían que haber hecho (tras la violación). Tal vez se hubiera podido evitar todo esto", recalca. Pero este sería solo el comienzo.

El 15 de enero, el último día que se la vio con vida, Carla se comunicó por teléfono con su mamá para avisarle que estaba por regresar a su casa después de trabajar en el barrio de Pompeya. La mujer, madre de dos hijos, fue vista por última vez esa jornada cerca de las 20 por un compañero del trabajo que la acompañó a tomarse el colectivo de la línea 32. Cuatro días más tarde, personal de limpieza de la Ciudad de Buenos Aires encontró su cuerpo en el Riachuelo. Los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaron que la mujer murió por "asfixia mecánica por sumersión", es decir, se ahogó.

Tiempo después se supo que, tras tomarse el colectivo, la alarma antipánico de la mujer se activó primero a las 20.07 y luego a las 21.14 y la joven se comunicó con la policía pero, extrañaente, los efectivos no pudieron localizarla. En los llamados que se filtraron más tarde a la prensa, la joven le aseguraba a una oficial que se encontraba "perdida" y se la notaba desorientada.

Una investigación de El Destape reveló, meses después, que ese día el sistema de rastreo había dejado de funcionar. El Gobierno de la Ciudad no había contratado a tiempo a una nueva firma ante el vencimiento del contrato de la proveedora Coradir, a cargo de las geolocalizaciones, y no solo dejaron de recibir información de GPS de Carla sino de todas las personas que tuvieran un botón antipánico.

"Estamos reclamando por los contratos. Desde el Gobierno de la Ciudad no quieren entregar nada. El GPS evidentemente no funcionaba porque a ella la estaban buscando por triangulación que es un método bien exacto y no encuentran a la persona. El GPS es como un Uber, vos te paras en el lugar y te van a buscar. Si hubiese funciando, la hubieran encontrado. Como se vencía el contrato con la empresa el 6 de enero y lo tenía que tomar otra empresa el 15 de enero, no había cobertura. Más de 10 días eso estuvo hacéfalo. Había un método primitivo, pero que dudo que lo supieran llevar a cabo", asegura Alfredo.

Mientras está previsto que para noviembre comience el juicio oral contra la expareja de Carla, hoy la familia de la joven sigue reclamando justicia y que el Gobierno entregue la información. "Es un contrato al que todo deberíamos tener acceso porque es con fondos de todos nosotros. En el caso de mi hija hicieron todo mal, de punta a punta", recalca.