Matar a patadas

Interrumpir el tránsito no es un delito penado con la muerte. Estar borracho, tampoco. Ni siquiera lo es portar un arma blanca en la vía pública, una situación en la que la Policía lógicamente debe intervenir pero no con fuerza letal si no está en peligro la vida de nadie. Hago estas aclaraciones porque ni los integrantes de la Policía de la Ciudad, ni sus responsables políticos en el Gobierno porteño, ni la máxima responsable a nivel nacional parecen tenerlo claro: todos y todas salieron a justificar al policía que mató de una patada a un hombre al que habían ido a detener por estar ebrio e interrumpir el tránsito. Pese a que los funcionarios porteños indicaron que podría haber muerto producto de algo que consumió, en la autopsia se comprobó que la violenta caía al piso por la patada con la que lo tumbó el policía le produjo una fractura de cráneo.

Vamos a los hechos, que se ven claritos en un video: la Policía recibe un llamado que le informa que hay una persona ebria o drogada que está interrumpiendo el tránsito y supuestamente amenazando a los transeúntes en San Cristóbal. Acuden al lugar, como corresponde. Allí estaba Jorge Martín Gómez. Eran las 7.43 de la mañana del lunes pasado. Lo rodean entre cuatro policías. El inspector Esteban Ramírez se le acerca de frente, le da una indicación. Gómez tiene sus manos en la espalda (la Policía dirá luego que escondía un cuchillo tipo Tramontina). No hace ademán de agredir, ni se mueve. Ramírez de pronto levanta su pierna y le pega una patada brutal en el pecho. Gómez se desploma sobre la calle. Los policías lo dejan a su suerte. Luego se sabría que la caída le produjo una fractura de cráneo, que lo llevó a la muerte.

Gómez tenía 40 años, era empleado de un taller de relojería, hacía changas para un delivery. Según contó su tío, había tenido una rehabilitación. Tanto él como otros familiares relataron cómo los policías, cuando fueron a averiguar a la comisaría, se les rieron en la cara. La saña con los familiares de las víctimas es habitual en casos de violencia institucional.

Las primeras justificaciones no tardaron en llegar. El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, salió en defensa del arte de patear y matar: “Está dentro del protocolo. Mantiene la distancia con la pierna para deponer la actitud, y evitar que le genere algún daño con el arma blanca”, sostuvo. Su versión no tiene ninguna distancia con la que dio la Policía y que choca contra el video que muestra cómo fueron los hechos: “Una persona de gran porte físico cortaba la calle y amenazaba a los automovilistas por lo que procedió a dar la voz de alto para que deponga su actitud. Ante esto el sospechoso extrajo un arma blanca y avanzó hacia el personal policial que pidió apoyo”, dice el parte policial. Nada de eso ocurrió, según se puede ver en las imágenes. Si se miente de esta forma ante un hecho que quedó registrado con una cámara, ¿qué no se hará con los cientos de hechos que ocurren en los barrios y que no tienen registro?

D’Alessandro, hasta donde se sabe, no se retractó de su primera versión. De hecho, salió la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, a respaldar al agente: "El policía lo quiso reducir, no lo quiso matar. Estaba protegiendo a los ciudadanos de una situación amenazante, ese es el marco general que hay que plantear", dijo la ministra, que continuará hasta al final de su gestión justificando casos de violencia policial, incluso aquellos que terminan en la muerte de civiles como este. De hecho, sostuvo que un cuchillo “es una de las armas más letales” y que lo que pasó fue por “mala suerte”.

"Del video surge claramente que él tiene las manos hacia atrás, que en ningún momento esgrime una arma blanca y que jamás puso en peligro su vida ni la de terceros, por lo que el accionar del policía no se justifica bajo ningún concepto", respondió el abogado de la familia de la víctima, Ignacio Trimarco.

El policía fue indagado e imputado por presunto homicidio preterintencional (es decir, con el objetivo de provocar un daño le provoca la muerte)  y luego fue liberado, cosa que no debería discutirse per se: por lo general corresponde que se espere así el proceso judicial. La jueza Yamile Bernan entendió que no puede entorpecer la investigación, y eso tal vez sí es debatible en casos donde se configura la violencia institucional. En estas situaciones no se trata de un agresor solo, sino de una serie de mecanismos que buscan encubrir el asesinato. Una primera muestra la tuvieron los familiares en su contacto con la policía, de la cual recibieron burlas y destrato.

En paralelo, la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad abrió un sumario interno para analizar posibles sanciones disciplinarias. Si bien es saludable que esto ocurra, las declaraciones de las principales autoridades políticas no nos dan muchas esperanzas: de hecho, constituyen un mensaje de respaldo hacia toda la fuerza policial ante las denuncias por violencia institucional.  Los legisladores opositores cuestionaron esto y presentaron pedidos de informe, pero nada parece detener la Doctrina Chocobar que, como ya sabemos, se aplica en la Nación y en la Ciudad.