Adrián y Adriel

Cada vez que llevo a la plaza a mi hija, me encuentro con su cara. Está colgada en una bandera en la esquina de la plaza. Es Adriel, un joven de 17 años que fue atropellado por una camioneta en el barrio. El conductor se dio a la fuga. Su familia reclama que el caso no quede impune. Su reclamo se unió al de otro joven muerto, Adrián, que falleció en un derrumbe en la misma zona, en San Cristóbal. Por este último caso, la familia sigue pidiendo explicaciones al Gobierno porteño. El hermano de Adrián llegó a cruzárselo al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la salida de un canal de televisión. Larreta lo esquivó y no le contestó, con el pretexto de que llegaba tarde a otro lado.

Murgueros, amigos y familiares se siguen juntando para reclamar que se conozca quién mató a Adriel Delgado. Tenía 17 años y cuando iba en moto en la esquina de Independencia y La Rioja fue atropellado por una camioneta desde atrás. Tras arrollarlo, el conductor se dio a la fuga. Adriel llevaba casco, tenía los papeles y la moto en regla: no se trató de una imprudencia suya, señala su familia. Desde entonces, buscan al conductor para que responda ante el Poder Judicial. Hernán es el padre de Adriel y sigue pidiendo que, si hay más testigos del hecho, se acerquen a dar los datos que hayan visto a la comisaría 20. Siguen intentando encontrar la imagen de la camioneta. "Queremos que se entregue, porque lo que hizo no fue un accidente. Un accidente te lo puedo entender si frenás, pero te diste a la fuga y me mataste a mi hijo. Me lo dejaste tirado como un perro", sostuvo el padre de Adriel.

El reclamo vecinal por Adriel, a quien todos conocían como “Pachu”, se comenzó a juntar con otro del mismo barrio. Es la lucha por la muerte de Adrián Continiello, quien fue aplastado por un derrumbe en San Cristóbal de una construcción que hizo desplomarse al edificio lindero, donde vivía Adrián. Además, hubo ocho personas heridas. Su hermano, Esteban, llegó a interpelar al jefe de Gobierno en mayo cuando lo cruzó a la salida de un canal de televisión.  “Te digo quién soy, nada más. Soy hermano de Adrián Continiello, el chico que murió en el derrumbe de San Cristóbal”, le dijo Esteban, mientras Larreta se subía a un auto gris e intentaba cerrarle la puerta. “Estoy llegando tarde a otro lado”, se excusó Larreta. “Pero mi hermano se murió en una obra en construcción por el gobierno de ustedes y yo quería que ustedes, como te voté, me expliquen algo. Que me des una explicación porque mi hermano murió y vos dijiste que estaba todo bien”, le insistió a Larreta el hermano de Adrián. Larreta solo le respondió: “Yo trabajo para todo el mundo, no te preocupes”. El auto arrancó y se fue.

Adrián Continiello era sonidista y trabajaba en Canal 7. Una característica lo une a Adriel: ambos eran muy jóvenes. Según publicó el periodista Gustavo Veiga, en la causa judicial que se abrió por su muerte se comprobó que el edificio estaba siendo construido por un fideicomiso del que participaba Caputo Hermanos S.A., que pertenece a Flavio y Hugo Caputo. Ambos son hermanos de Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central.

La construcción estaba en manos de una empresa llamada Lybster S.A. y tenía como arquitecto a un empleado jerárquico de Caputo S.A. Como en otros casos de derrumbes que ocurrieron durante la gestión PRO, la compañía tenía denuncias de la UOCRA por problemas de seguridad. Esteban, el hermano de Adrián, está seguro de lo que ocurrió: “La empresa se ahorró 6 mil dólares en la excavación porque no hicieron la submuración. Adrián terminó por eso enterrado bajo ocho metros de escombros”. Iban a construir un edificio de 10 pisos con 62 departamentos de uno a tres ambientes, con pileta, solárium, SUM, y con cocheras. Con sólo el comienzo del trabajo de la retroexcavadora, ya se habían tambaleado los cuadros en el departamento de Adrián, quien se quejó. Por supuesto, lo ignoraron.

La familia apunta contra la empresa, pero también contra las dependencias del Gobierno porteño que deberían haber controlado. La causa estuvo manos del juez de instrucción Martín Peluso, que se declaró incompetente y envió todo a la Justicia porteña. Ahora está a cargo de la jueza Graciela Dalmas. El proceso no está paralizado, aunque todavía falta determinar a los responsables.

Son dos historias de impunidad por las que los vecinos siguen reclamando en San Cristóbal, ante la indiferencia de los poderes públicos. Y, mientras volvía de la plaza con mi hija, me pareció que merecían, al menos, un poco de visibilidad.