ACIJ se presentó como ‘Amicus Curiae’ para intentar frenar el desalojo 106 familias

“Solicitamos que no se realice el desalojo de la ‘Casa Santa Cruz’, ordenado para los días 18, 19 y 20 de septiembre”, plantaron desde la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ). Para ello, se presentaron como “Amicus Curiae” (“Amigos del Tribunal”) ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 60.

El edificio de Santa Cruz 140, en Parque Patricios, está habitado por 106 familias: esto implica 350 personas, de las cuales 131 son niñas, niños y adolescentes. La Justicia porteña determinó un desalojo inminente, que comenzaría a orquestarse mañana. Mientras las familias anticiparon que van a resistir, la organización social ACIJ se sumó a su lucha intentando frenar el proceso.

“Un desalojo en esta instancia dejaría en situación de calle a las personas que residen en la casa, violando su derecho a acceder a una vivienda adecuada -reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y múltiples tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional-, al igual que otros DDHH, como seguridad e integridad física, educación, trabajo, salud, etcétera”, plantearon desde la entidad. Y agregaron: “Por todo esto, desde ACIJ nos presentamos como ‘Amicus Curiae’ pidiendo que se suspenda el desalojo hasta tanto se logre arribar a una solución habitacional colectiva y consensuada para las personas que habitan el inmueble y que se conforme una Mesa de Trabajo en el ámbito del Juzgado para resolver el conflicto”.

En ese edificio funcionó hasta la década de 1990 la fábrica textil SELSA. Luego de su quiebra, el lugar permaneció deshabitado hasta que en el año 2002 un grupo de familias que se encontraba en graves condiciones de vulnerabilidad comenzó a vivir allí, acondicionándolo para poder habitarlo y pagando los servicios desde entonces.

En 2010, las familias participaron de una subasta pública para intentar comprar la casa en la que vivían, pero quien acabó obteniéndola fue el empresario Leonardo Ratuschny, que adquirió el inmueble y solicitó el desalojo de las personas que habitan allí.

Este año, finalmente, el Juzgado dispuso que se concrete el desalojo de la Casa sin que se haya ofrecido una solución habitacional para las 350 personas que viven allí viven, de las cuales un 6% posee algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica, y 131 son niños/as -que se encuentran escolarizados/as en establecimientos de la zona-.