Macri y Larreta fueron denunciados por la compra de vagones de subte con asbesto

El escándalo por la compra de vagones de subte con asbesto –un material cancerígeno- sigue creciendo. Mientras se investigan los alcances de sus efectos sobre la salud de los trabajadores –ya hay al menos 14 personas afectadas- y tal como sucedió en España, el caso llegó a la Justicia en Argentina: el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fueron denunciados penalmente por la compra de coches contaminados. Los delitos que se les imputan son violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento.

Macri era jefe de Gobierno cuando se concretó la escandalosa compra de coches para la Línea B, sobre los que se desató el escándalo del asbesto por primera vez. Luego, distintas investigaciones apuntaron también a los vagones de otras formaciones.
Ahora, quien lo denunció ante el juzgado federal Nº 2 de Sergio Ramos fue el ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad Edgardo Castro: “Se importó un material que está prohibido importar, con lo cual ya cometió delito. Enfermó a 14 trabajadores, escondió en silencio la presencia del amianto en las formaciones todo este tiempo. Y esos trenes que compró a 550 mil dólares cada uno no lo podés vender ni siquiera como chatarra, no se podían sacar de España. Después los organismos lo protegieron y lo ocultaron”, expresó en diálogo con el periódico cooperativo Tiempo Argentino.

Según detalla en las doce carillas de la denuncia, la importación de este residuo peligroso está prohibida por ley desde 2001 y ese mismo año se la declaró ilegal en España, donde le vendieron al Estado porteño los CAF 5000 que el macrismo instaló en la Línea B. Eran coches de 1974 y estaban destinado a chatarra. La Ciudad de Buenos Aires no sólo le compró 36 coches a 19.800.000 dólares para uso habitual de los ciudadanos, sino que además debió destinar millones de pesos para amoldar las estaciones de la B, porque los vagones eran más chicos de lo normal. Por si fuera poco, poseen asbesto en sus componentes eléctricos.

En España, ya se comprobaron al menos tres víctimas fatales por el contacto con asbesto. En mayo de 2018 murió Antonio Morán Canseco, un mecánico del Metro de Madrid que limpiaba disruptores o “apagachispas” con dióxido de silicio, uno de los componentes del amianto. Cinco meses después fallecía Julián Martín Rebate, otro empleado diagnosticado con asbestosis y que había demandado a la empresa por 395.602 euros. En abril de este año se conoció el tercer caso mortal: un trabajador jubilado de 64 años del subte madrileño.

En Buenos Aires por ahora no se registraron víctimas fatales. Pero Sbase admitió la existencia de la sustancia en la línea B durante diciembre último. Unos 160 trabajadores fueron sometidos a estudios. A fines de agosto, se detectaron cinco casos de operarios contaminados con asbesto (otra denominación del amianto) en los talleres Rancagua y Villa Urquiza de la B. Los estudios para descubrir el material cancerígeno fueron hechos por la Universidad del Sur.

Tal como consignó Página 12, a la denuncia que realizó Castro la antecedió otra de 2015 que presentaron los ex diputados porteños Gustavo Vera y Facundo Di Filippo. Este último señaló en ese momento que le inició la acción penal al ex presidente de la Sbase Juan Pablo Piccardo “porque incumplió el régimen de contrataciones y se evidenció mala administración y falta de planificación en perjuicio del patrimonio de la ciudad”. La denuncia terminó archivada, según le confirmó a ese medio un colaborador de Vera.

Ahora, la denuncia de Castro también apunta al actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo De Montmollin; al director de la concesionaria del servicio, Metrovías SA, Alberto Esteban Verra y al titular de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Fernando Cohen.