Nos olvidamos del amianto

En cualquier Ciudad seria ya tendría que haber renunciado alguien. El presidente de SBASE, la empresa estatal de subte que depende del Gobierno porteño, Eduardo De Montmollin, reconoció que sabían que los vagones de la línea B contenían amianto. El dato estaba en los manuales que entregó el Metro de Madrid luego de la polémica compra de los trenes, que en España ya eran considerados “chatarra”. Es decir que el Gobierno porteño, que se dedicó a negar por más de un año que los trenes tuvieran amianto, tenía la información en los documentos de la compra. De Montmollin se excusó diciendo que tal vez no los leyeron todos.  A esta altura de los acontecimientos, tengo que preguntar: ¿es joda?

Repasemos un poco la historia. El Gobierno porteño hizo la compra de esos vagones cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno. De hecho, él viajó personalmente a supervisar la compra y a promocionarse. En 2011 hizo la compra de los CAF 5000 por los que pagó cuatro millones de euros. Los trenes, como hemos contado, tenían ya tres decenas de años de uso y problemas en los frenos, que llevaron luego a muchas suspensiones del servicio en la línea B. Compró, además, un segundo grupo de trenes, los CAF 6000 –que siguen siendo usados- en 2013 y por ellos pagó 32,6 millones de euros.

En su momento, Macri recibió una burla de la prensa española. Una nota que se publicó en ese momento decía: “El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quiso asegurarse que había hecho una buena compra. El pasado viernes se acercó a las cocheras de Metro de Madrid e inspeccionó, como si fuera un entendido en la materia, los bajos de un vagón que estaba encaramado sobre un inmenso camión. En unos 40 días -travesía marítima incluida- tendrá ese convoy, junto a otros 23, en la ciudad argentina. Metro de Madrid se frota las manos con los 4,2 millones de euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo”. Siempre recuerdo que si no se los compraba Macri esos trenes iban al desguace. Algunos de ellos también eran usados para pruebas de impacto. ¿Qué es eso? Son pruebas para ver cómo son los choques. Se los llena de explosivos y se ve la dispersión de una bomba en su interior. Esos trenes que en España volaban por los aires acá los trajeron para que viajáramos en ellos.

Y eso no fue todo: tuvieron que adaptar el túnel de la B para que se pudieran usar, lo que sumó más de mil millones de pesos en gastos. Se hizo un cálculo en ese momento que planteaba que sumado ese gasto y el de los trenes te daba el equivalente a un vagón cero kilómetro. Incluso hubo una denuncia penal, que presentó el entonces legislador Facundo Di Filippo. Advirtió que no hubo licitación y que se gastó plata en trenes que estaban por quedar inservibles. La causa nunca avanzó, pero deja en claro que toda la compra de esos trenes ya había sido muy cuestionada y no pasó desapercibida.

Y encima ahora sabemos que en esa compra entregaron documentos que planteaban la presencia del amianto en los trenes. Cuando comenzó el escándalo en España por los primeros casos de trabajadores enfermos, los Metrodelegados comenzaron a reclamar acá y es bueno recordar también las respuestas que dio SBASE. Primero, el 20 de febrero, aseguró que “de forma preventiva, SBASE sacó de circulación tres formaciones de la línea B”. También indicó que “este componente no representa riesgo para los pasajeros ni para los operarios si no es manipulado”. Más tarde dijeron que sí podía ser peligroso para los trabajadores, pero jamás para los usuarios. Hoy sabemos que para los usuarios también hay un porcentaje de riesgo. Luego mandaron un segundo comunicado: “Se organizó una comisión para reconfirmar que no hay asbesto en los vagones de la línea B”.  O sea: organizaban una comisión para investigar algo que ya tenían resuelto: que no había asbesto. Un tercer comunicado, del 20 de marzo, festejó que “Metro de Madrid confirmó oficialmente que no hay asbesto en los CAF 6000”, pese a que esa afirmación de la empresa española está bajo revisión del Poder Judicial y de los organismos competentes del Ejecutivo español.

Recién en diciembre de 2018, SBASE reconoció la presencia del amianto y que había al menos tres trabajadores afectados, que debían someterse a un tratamiento médico. Tarde y mal y luego de acusar de todo a los metrodelegados.

El informe de la CNN, hecho por la periodista Emilia Delfino, muestra que no sólo mentían cuando negaban, sino que tenían documentos por los que no podían ignorar la presencia del amianto.  “Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto era efectivamente cierto o no”, dijo Montmollin a la periodista. Sostuvo que eran muchos manuales “y de repente lo que dice esto es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 de manual de descripción de partes. Los técnicos de Sbase no pueden garantizar que se hayan leído todas y cada una de las páginas de los manuales técnicos”, se excusó. Vuelvo a recordar: fue una compra polémica, sujeta incluso a una denuncia penal y no se les ocurrió revisar los manuales. ¿Tampoco cuando los metrodelegados comenzaron a denunciar y siguieron negando y negando? Sorprendente.

Lamentablemente, la negativa de SBASE sigue a revisar el premetro, la línea C y la E donde los metrodelegados indican que hay presencia del mismo material. El secretario general de Metrodelegados, Roberto Pianelli, indicó en FM Futurock que si no hay un plan para sacar el amianto comenzarán las medida de fuerza: esta semana serán las primeras, con molinetes levantados y un paro parcial de las líneas B y D el miércoles de 5.30 a 7.30. Pianelli aclaró que los manuales no tenían más de mil páginas y la presencia de amianto estaba muy claramente graficada en los dibujos técnicos, al contrario de la dificultad que manifestaba Montmollin en su lectura. Ahora el reclamo es un plan para quitar el amianto de otras formaciones y zonas del subte. Por eso, las medidas que van a empezar a tomar son en defensa del derecho a la salud de los y las trabajadoras del subte y también de los usuarios.