Amparo colectivo para exigir medidas contra el asbesto en edificios públicos porteños

En escuelas públicas y coches del subterráneo porteño, una misma noticia causó preocupación en el último tiempo: la detección de asbesto o amianto, un material cancerígeno que está prohibido. Ante el “desmanejo” del tema por parte del Gobierno de la Ciudad, un grupo de organizaciones presentó una acción de amparo colectivo solicitando “una política pública de descontaminación de asbesto/amianto en los edificios públicos de la Ciudad”.

Así fue difundido desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. La entidad recordó que el año pasado se intentó remover una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, distrito escolar 4, “Carlos Della Penna” en plena época lectiva, con los riesgos que ello implicaba. Este año, el GCBA removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa lo que generó severos conflictos. Esto se suma a que los coches que compró para el subte el actual presidente saliente, Mauricio Macri, cuando era Jefe de Gobierno en 2011 contenían esa sustancia cancerígena. Los trabajadores recién se enteraron de la presencia de asbesto en febrero de 2018 con la noticia de los casos españoles, y hasta el momento se sabe de 13 trabajadores con la salud afectada.

“Por estos motivos, se ha solicitado a la justicia que ordene al GCBA la creación de una Política Pública de Descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un Relevamiento exhaustivo, un Plan y Cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto, un Plan de Contingencia y de Seguridad, un Plan de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial, y un Protocolo de Salud para el seguimiento de las personas expuestas”, reclamaron quienes impulsan el amparo colectivo, que fue presentado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), representada por la Coordinadora Inga. María Eva Koutsovitis; el Observatorio del Derecho a la Ciudad, representado por su presidente Jonatan Baldiviezo; Integrantes de la comunidad educativa IES de Lenguas Vivas; Integrantes de la Asociación Cooperadora Lenguas Vivas JRF; Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital, representado por su Secretario General, Sr. Pablo Spataro; Delegados Gremiales de ATE del Hospital Durand; CONADU Histórica, representada por su Secretaria adjunta, Sra. Claudia Baigorria; y Unidad Popular CABA, representado por su referente Claudio Lozano.

La causa judicial fue caratulada como “Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental”, Expte. N° 11543/2019-0, y se encuentra radicada en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, a cargo del Juez Fastman.

"El amianto es peligroso porque pone en riesgo la salud de los trabajadores, de los estudiantes y docentes, y de la ciudadanía en general. Por eso es necesario un relevamiento de todos los edificios públicos, y que cuando se detecte asbesto se establezca una mesa multisectorial de seguimiento. Y un plan de contingencia en el mientras tanto, porque hasta que se remueve pasa tiempo y hace falta un control permanente. Si hay peligro, hay que hacer un sellamiento o bloqueo del sector, es decir, tiene que haber medidas preventivas de seguridad hasta la remoción", explicó Baldiviezo a Página 12. Y agregó: “La Agencia de Protección Ambiental (APRA) debería intervenir desde el minuto uno, y eso no ha sucedido. Que no haya intervenido en el Lenguas Vivas es muy grave. Sólo después de los reclamos de la comunidad educativa el APRA hizo controles e informes. Está funcionando más como un organismo de contralor que estableciendo de forma activa políticas ambientales".