Vuelve la Inmobiliaria Estatal, pero recargada

Mientras Horacio Rodríguez Larreta viajaba a Italia a codearse con la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y con el Papa Jorge Bergoglio, en la Legislatura avanzaba un proyecto del PRO que opaca a la Agencia de Bienes, aquella hermosa idea para disponer rápidamente y sin control parlamentario de los terrenos de la Ciudad y venderlos. Se sabe: con el ajuste nacional de Mauricio Macri, la venta de terrenos fue el motor de la campaña de Larreta. Fue lo que utilizó para financiar la obra pública. Pero el extractivismo urbano al palo de 2019 puede que quede chiquito al lado del que se vendrá en los próximos años. El nuevo proyecto tiene, en esencia, las mismas características que los anteriores: eliminar controles, permitir otras maneras de vender las tierras, flexibilizar las condiciones a gusto de los compradores: los grandes especuladores inmobiliarios.

No se trata de algo nuevo: primero Macri y después Larreta vendieron y siguen vendiendo hectáreas y más hectáreas de la Ciudad. Eso nunca se detuvo, ni siquiera cuando su bloque legislativo era más pequeño que el que tienen ahora. El nuevo proyecto lo que busca, nuevamente, es eliminar controles y acelerar ese proceso de enajenación.

Con la ley actual, antes de vender un terreno el Gobierno porteño debe contar con la autorización de la Legislatura, algo que siempre el PRO vio como un obstáculo. Además, una vez que se consigue esa autorización –con las mayorías que tiene el oficialismo y algunos aliados ocasionales, no es tan difícil- tiene que haber una subasta pública y luego hay que pagar al contado: o la totalidad del precio en el remate, en efectivo o con cheque certificado, o bien una señal (20 por ciento) y el resto en cinco días. Las condiciones no suelen alejarse demasiado de esto. A los que codician las tierras públicas les resulta engorroso.

La iniciativa que buscan aprobar flexibiliza estas condiciones: cada área decidirá de qué manera vende los terrenos o los inmuebles. Esto implicará otros plazos y condiciones a gusto del comprador. Además de una subasta, plantea que se pueden hacer concursos públicos o licitaciones, y también venta con prioridad de compra. También autoriza a aceptar otros bienes “muebles o inmuebles” en concepto de canje por los terrenos vendidos. Además, habilita pagar en cómodas cuotas, como se hizo ya con la venta del Tiro Federal.

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el abogado Jonatan Baldiviezo, sostuvo ante Página/12 que con esta ley se podrá esquivar el control legislativo, ya que "flexibilizan a quién se vende, cómo se elige el comprador y cómo va a pagar".

En su momento, habían intentado hacer lo mismo con la Agencia de Bienes, pero no habían conseguido zafar del control legislativo. En esta columna lo advertimos: se venía una Gran Barata, una venta masiva de terrenos públicos porque todo se tiene que vender. Lo hicieron con la complicidad de bloques opositores que, no obstante, tuvieron una virtud: modificaron el proyecto original y mantuvieron el control de la Legislatura. Eso frustró uno de los planes claves del PRO: no tener que pasar más por otro de los poderes del Estado para vender los terrenos. Eso implicaba negociaciones difíciles y escándalos con los vecinos o particulares damnificados con las ventas de terrenos, que muchas veces iban a protestar.

Este proceso de venta de terrenos públicos continuó y se afianzó, lo que demuestra que se trata de una política coherente y a largo plazo del PRO. Incluso utilizaron la misma estrategia para intentar expulsar a los vecinos de la Villa 31, como contamos por acá. Utilizar el precio del valor inmobiliario real contra los habitantes de la 31 para que el mercado los expulse fue siempre uno de los sueños del macrismo. Paradoja: fue justo allí donde Larreta recibió el mayor revés electoral en una Ciudad donde resultó votado como ningún otro jefe de Gobierno.

No obstante, este modelo de construcción y más construcción no produce una solución para la crisis habitacional que vive hace años la Ciudad. No bajan los precios de las propiedades ni se vuelven más accesibles para la población. Tampoco parecen dar resultados los muy publicitados programas de vivienda social. Una prueba de esto fue la estafa a los que intentaron conseguir una casa propia en la Villa Olímpica. Las cuotas se volvieron prohibitivas para aquellos que creyeron que eso era un proyecto de viviendas sociales y no otro negocio.

Pero el negocio de las ventas debe continuar, por lo menos, mientras queden terrenos públicos para vender. Y recordemos: cada hectárea que se privatiza ya no podrá ser usada para construir una escuela, una plaza, un hospital. El año pasado terminó con una gran venta de terrenos: además del Tiro Federal, estuvieron las tierras de Retiro, el CENARD, el Instituto Superior de Educación Física Enrique Romero Brest, y siguen los éxitos. Habrá que ver qué balance hacen de las ventas en 2019.