OPINIÓN

Aquí no ha pasado nada: Larreta fue sobreseído en la causa por el Paseo del Bajo

Fue un regalo de fin del año del juez Claudio Bonadío, que tuvo poca repercusión. Nada más era una causa que involucraba al jefe de Gobierno en darle a una empresa vinculada a Mauricio Macri su principal obra de gestión.

Werner Pertot


En este país y en esta Ciudad ya parecemos curados de espanto. Las noticias pasan en muchos casos sin levantar mucho vuelo. Es lo que ocurrió con una en particular, de la que me voy a ocupar acá in extenso, vinculada a la obra estrella de Horacio Rodríguez Larreta durante su primer mandato: el Paseo del Bajo. Una obra tan emblemática que Larreta la sigue promocionando con paseos por el Parque Lineal del Bajo. Esa obra tuvo una auditoría en la cual se descubrió que habían alterado condiciones de la licitación presuntamente para beneficiar a una empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Para suerte de todos los dirigentes del PRO involucrados, tras una denuncia penal, la causa cayó por esas casualidades de la vida en el juzgado de Claudio Bonadío. A fin de año, casi como un regalo de Navidad, el juez sobreseyó a todos sin siquiera haberlos citado a indagatoria. Y a otra cosa.

Recordemos que, como contamos por acá, el Paseo del Bajo no es “una obra anticorrupción”, como la presentó Macri en su inauguración. Por el contrario, hay serias sospechas de que se direccionó la licitación para beneficiar a IECSA, empresa que ¿dejó? de ser de Calcaterra para pasar a las manos del empresario amigo de los Macri Marcelo Mindlin. Esa empresa, mediante una maniobra compleja, se llevó no menos de 3183 millones de pesos por la obra que inauguraron Macri y Larreta.

La maniobra fue así: la obra completa del Paseo del Bajo estaba dividida en tres tramos a licitarse: el A (el más pequeño), el B y el C (el más caro y el codiciado por todas las empresas). Las empresas que participaron de la licitación podían ofertar para todos los tramos pero una vez que ganaban uno, ya quedaban excluidas de los otros tramos. Este dato es importante por lo que sucedió a continuación.

Siguiendo una lógica de ahorrarle plata al Estado, el primer tramo que se iba a licitar era el C.  Así la oferta más baja se quedaba con ese tramo y se ahorraban millones. Había trascendido que una empresa española, llamada Corsan Corvian Construcciones, venía a la licitación a jugar fuerte con ofertas bajas y, por lo tanto, tenía toda la posibilidad de ganar ese tramo C. Eso complicaba las posibilidades de la empresa de Calcaterra.

Pero ahí fue donde intervino la mano bastante visible del PRO. Sin explicar ningún motivo, AUSA emitió dos circulares sin consulta en la que su jefa de Compras, Natalia Bustos, anuló el orden en el que se iban a licitar los tramos. En lugar de eso, señaló que iba a licitar todo en una sola apertura de sobres. Cabe destacar que el presidente de AUSA era (y sigue siendo) un ex Cardenal Newman, Carlos María Frugoli, de la misma camada que Mauricio Macri. El informe de la Auditoría porteña indica que "no se encuentran justificados los motivos por los cuales mediante circulares sin consulta se modificó el orden de apertura de las ofertas económicas de las tres licitaciones".

Finalmente, todo ocurrió al revés de como estaba previsto: primero se licitó el tramo A y lo ganó Corsan Corvian y quedó así excluida de los otros tramos. Luego se licitaron los otros dos, en el orden inverso al inicial. El C lo ganó -Oh sorpresa- IECSA, la empresa del primo de Macri. En el camino, AUSA ignoró un dictamen de la procuración porteña que dejaba a IECSA fuera de carrera, dado que daba de baja a Corsan Corvian y obligaba a la empresa del primo de Macri a hacerse cargo del tramo A. Por haber ignorado ese dictamen, el Estado porteño luego debió enfrentar una crisis en la construcción de la obra cuando Corsan Corvian no pudo hacerse cargo de terminarla.

Ante este escenario la entonces presidenta de la Auditoría porteña, Cecilia Segura, presentó una denuncia penal, que era lo que tenía que investigar Bonadío, luego de que la causa fuera impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que encontró suficientes elementos para considerar que debía abrirse una causa penal. El juez hizo algunos allanamientos, recabó documentos y a fin de año pasado sobreseyó a Larreta y al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich de todos los cargos por presunta administración fraudulenta.

Por suerte, el fallo fue publicado por la periodista Emilia Delfino en Perfil, porque estaba orquestado para pasar al olvido (aunque la fiscal Alejandra Mángano tiene la posibilidad de apelar la decisión en febrero, cuando termine la feria judicial). Llamativamente, Bonadío nunca citó a indagatoria ni a Larreta ni a Dietrich, ni a los ejecutivos de AUSA, ni a otros funcionarios porteños imputados, ni tampoco a los empresarios que participaron de la licitación. Calcaterra, que hasta donde se sabe se desprendió de la empresa, nunca llegó ni a estar imputado.

En lugar de eso, él resolvió que no hubo delito, como dice en su fallo: “No cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, aseguró Bonadío. “Nada indica que se haya favorecido a IECSA”, señaló Bonadío pese a las tres mil millones de razones en contrario.  “Ningún funcionario ha actuado de manera contraria al derecho. No hubo ardid, ni perjuicio económico. Tampoco se comprobaron engaños, promesas ni dádivas”, regaló el juez. Solo concedió a los denunciantes: “Es posible que hayan existido cuestiones administrativas o técnicas a mejorar”. Un problema administrativo que, de casualidad, benefició a la empresa del primo del ex presidente.

Sobre los cambios que se hicieron en la licitación, Bonadío opinó que AUSA tiene esa potestad y también adujo que ninguna de las empresas competidoras se quejó. Sin indagatorias –y claro que sin prisiones preventivas como hubo en la causa de los cuadernos- Bonadío se permitió decir en su fallo que apuraba la decisión porque la “Corte Suprema ha reconocido el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad”. Un principio innegable a todas luces, que lamentablemente se les negó en el pasado a otras personas bajo investigación por parte de Bonadío.

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