La oposición pidió una medida cautelar que suspenda el aumento de los parquímetros

Las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, realizaron una presentación judicial para pedir una medida cautelar que suspenda el aumento de los parquímetros que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“Larreta pretende que los actuales 15 pesos por hora de estacionamiento en la vía publica suban a 32 pesos. Un aumento del 113%”, advirtieron.

El Ejecutivo porteño convocó a audiencia pública para este viernes, y organizaciones vecinales instan a participar. Pero el procedimiento comenzó con irregularidades, según denunció Bregman a través de su cuenta de Twitter. “Quisimos retirar la documentación para asistir pero la dirección era errónea.

Se ‘equivocan’ porque negocio de los parquímetros y el acarreo de autos es muy grande, y lo quieren extender”, alertó.

Según consignó La Izquierda Diario, la medida cautelar quedó a cargo del Juez en lo contencioso administrativo y tributario Pablo Mántaras, quien deberá resolver la suspensión o no de la auditoría que estaba convocada para este próximo viernes al mediodía.

El escrito presentado este lunes impugna el decreto del GCABA 11/20 publicado en el Boletín Oficial por considerarlo “insanablemente nulo”.

“En el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos de la Ciudad que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio en la ciudad con vehículos del país con un transporte público que tiene enormes baches”, plantearon Bregman y Barry, según un comunicado.

Allí advirtieron sobre errores en la difusión de la Audiencia Pública, entre ellos que el Gobierno de la Ciudad “difundió una dirección errónea para acceder a la documentación sobre el aumento. Tras asistir a la dirección indicada en la publicación oficial, nos encontramos con una asociación civil sin relación con la audiencia, ni los parquímetros”.

Las diputadas denunciaron que se trata de un negocio ‘redondo’ para las empresas contra los ciudadanos porteños, donde “las empresas encargadas de los acarreos pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo periodo. Es realmente una estafa”.