Desde el Frente de Todos impulsarán que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos se reunió con el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y otras autoridades de organismos públicos descentralizados para analizar las problemáticas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires e impulsar la declaración de la emergencia habitacional en el ámbito local, donde más de siete mil personas viven en situación de calle.

En el encuentro, la oposición advirtió que entre esos hombres y mujeres sin techo hay unos 800 niños, niñas y adolescentes, mientras que hay cerca de 300 desalojos inminentes que representan una amenaza para familias vulnerables.

"Esta situación es inadmisible en una ciudad con un presupuesto varias veces mayor a cualquier provincia o distrito. Solo con una buena gestión y empatía con el que sufre se puede resolver este problema", explicaron desde el bloque.

De la reunión participaron el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor; el Defensor General, Horacio Corti: el Asesor Tutelar, Gustavo Moreno; la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gigliardi; y el Auditor General, Lisandro Teszkiewicz.

Según consignó Infobae, junto a los legisladores del Frente de Todos constituyeron una Mesa Institucional de trabajo para el estudio y seguimiento de la problemática habitacional, que también incluye la “insuficiencia” de los subsidios habitacionales de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia, el “proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos”; la “imposibilidad del acceso al crédito” para la vivienda y el vaciamiento de los programas del Instituto de Vivienda.

La oposición denuncia que en la ciudad “no se cumple el derecho al acceso a una vivienda digna a pesar de que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales”.

La Emergencia Habitacional ya había sido impulsada por el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, a fines del año pasado. La medida significaría en los hechos la suspensión de los desalojos por un año. Además, estipula la participación obligatoria del Gobierno en todas las subastas judiciales de inmuebles, la modificación del fondo “hábitat sustentable” y la creación de un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.