Montenegro denunció irregularidades en el Hospital Borda relacionadas a menores con discapacidad

En la Ciudad de Buenos Aires tan sólo cuatro de cada diez personas con discapacidad cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que permite acceder a coberturas de salud y medicamentos, tarifas sociales en los servicios y otros beneficios. Este número se agrava con la última decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de mudar las oficinas donde se tramita dicho certificado al Hospital Borda, un neuropsiquiátrico al que los menores tienen vedado el ingreso.

El 12 de febrero la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, visitó las instalaciones de ese centro de salud ya que se habían trasladado las oficinas desde donde se expiden los certificados de discapacidad. 

Según denunció Montenegro, esa situación no se ajusta a varias resoluciones administrativas que establecen que los menores de edad no podrán ingresar a esas dependencias para preservar su integridad física y la de los pacientes. “Hoy los denunciamos. Los denunciamos porque los niños y niñas con discapacidad que tienen que acceder a su certificado están en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad decidió mudar sus oficinas al hospital Borda, no respetando la resolución que prohíbe el ingreso de menores a la institución psiquiátrica. ¿Cómo vamos a construir una ciudad sin barreras, sino respetamos los derechos de los que más necesitan?”, destacó la legisladora.

Según consta en la presentación hecha ante el Asesor Tutelar Gustavo Moreno, “se trata de una situación riesgosa porque han ocurrido situaciones violentas en las que algunos internos del hospital – debido a sus problemas de salud mental- han atacado a trabajadores y usuarios con discapacidad. Específicamente deber ir al primer piso de un pabellón que tiene internadas a personas con cuadros agudos en el segundo piso”.

Además, 28 organizaciones representantes del colectivo de personas con discapacidad presentaron un reclamo formal ante el Gobierno de la Ciudad para que reubiquen la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) en un lugar con las condiciones necesarias para garantizar sus derechos. La nota fue presentada en la sede del gobierno porteño el 8 de enero pero aún no hubo respuesta oficial.