Chocobar será juzgado a puertas cerradas: sin público y sin periodistas

Fue el caso de gatillo fácil más emblemático del macrismo. Al punto que dio lugar a la llamada Doctrina Chocobar, a partir del aval gubernamental al policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un joven que había cometido un delito. Ahora, y pese a reclamos de organismos de derechos humanos y colectivos periodísticos, la Justicia resolvió que el juicio al oficial sea juzgado a puertas cerradas. Sin público ni medios.

Así lo informó el Tribunal Oral de Menores N° 2, que llevará adelante el proceso que tiene dos imputados: Luis Chocobar, por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, y el adolescente que habría protagonizado el robo y la agresión contra un turista en el barrio de La Boca. El policía llega al juicio en libertad, procesado por “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”.

El Colectivo de Medios Populares –conformado por Sur Capitalino / La Retaguardia / Revista Revoluciones – revoluciones.net / FM Riachuelo / Agencia Paco Urondo / Radio Gráfica / FM La Caterva- difundió que la unificación en un solo juicio de los dos hechos que ocurrieron en diciembre de 2017 fue definida por la Cámara de Casación Penal luego de que el Tribunal Oral Criminal que debía juzgar a Chocobar se declarara incompetente.

“La decisión de la Justicia de juzgar a un menor y a un adulto en un mismo proceso implica que el juicio sea ‘reservado’ en pos de preservar los derechos del niño. Esta ausencia de público y prensa en las audiencias beneficia al policía con las mismas garantías procesales que un menor y, al mismo tiempo, impide propiciar el debate de un caso de gran repercusión social y política”, advirtió el Colectivo, que cubre casos de violencia institucional y represión estatal. Desde ese espacio se presentó un pedido ante el Tribunal para que permitiera el ingreso de periodistas en las audiencias donde se aborde el hecho concreto del homicidio de Kukoc, con el compromiso de respetar los derechos del menor de edad imputado. El pedido se basó en el derecho a la información y el derecho de la sociedad a ser informada sobre un proceso que debiera ser oral y público, y contó con el aval del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó autorización para ingresar a las audiencias en calidad de observadores, basados en el inciso 1 del artículo 413 del Código Procesal Penal de la Nación que permite asistir a juicios de menores a quienes “tengan interés legítimo en presenciarlo”. Sin embargo, y a pesar de que la asesora de menores no se opuso a la petición, los jueces rechazaron ambas solicitudes.