Cierre del Jardín del Ramos Mejía: el Poder Judicial lo tuvo que volver a frenar a Larreta

Parece joda que en una Ciudad donde uno de los reclamos es que faltan decenas de miles de vacantes haya una disputa por el intento del Gobierno porteño de cerrar un jardín. Pero es así: por acá contamos cómo buscaron sacar del lugar actual al Jardín del Hospital Ramos Mejía y trasladar a sus estudiantes a un jardín que recién está siendo terminado, con la consecuente pérdida de vacantes para el barrio de Balvanera. Esta semana se conoció un fallo del juez Marcelo López Alfonsín que obliga al Gobierno porteño a restituir el jardín en el lugar donde siempre funcionó y donde podía seguir sin mayores problemas. Es una vez más el Poder Judicial el que debe intervenir para frenar medidas unilaterales y nocivas sobre la comunidad educativa.

Vale recordar la historia del jardín del Ramos: se trata de uno de los jardines maternales y hasta 5 años que existen en los hospitales públicos y donde tienen prioridad los hijos e hijas de las trabajadoras y trabajadores de la salud, pero que también reciben estudiantes de familias del barrio. La decisión del Gobierno porteño de cerrar el jardín y trasladar a sus estudiantes a otro, que se está terminando de construir en la Manzana 66 producto de la lucha de los vecinos, tenía una doble faceta negativa: primero, cerraba un jardín que funciona, en medio de una crisis de vacantes en la educación que el Gobierno porteño nunca termina de admitir. Segundo, le quitaba gran parte de las vacantes al jardín nuevo, que dejaba de ser nuevo y de sumar oferta educativa al barrio para simplemente absorber el cierre de otro jardín. Tercero, tiene un componente que no puede escapársenos: mientras el jefe de Gobierno se embandera en un discurso feminista, esta política concreta retrae la intervención del Estado de las tareas de cuidado y las arroja al ámbito de lo privado, donde siguen siendo realizadas mayormente por mujeres.

Esto generó críticas de todos lados y el Ministerio de Educación porteño, que conduce Soledad Acuña, fue y vino con las versiones sobre el cierre o no cierre del lactario, y de las salas de jardín maternal. Intentó en al menos una oportunidad avanzar de prepo con la mudanza pese a que la obra en el nuevo jardín no está terminada y no lo estuvo para el comienzo de clases. Sigue en obra y sin la habilitación final. Y ahí el Gobierno porteño pretendía meter niñas, niños y bebés. Papelón.

Pero lo que finalmente frenó la avanzada es una decisión del juez López Alfonsín, que previamente había inspeccionado el jardín original para constatar que no hay ningún problema insalvable para que siga funcionando en ese edificio, que está en la manzana del hospital, pero tiene una entrada independiente. En 2019, el mismo juez había ordenado reabrir el lactario, una medida lógica sobre la que el Ministerio de Educación porteño no pudo recapacitar por cuenta propia.

La semana pasada semana, el magistrado le ordenó a Larreta y a Acuña “que arbitre los medios necesarios a fin que se realicen las obras pertinentes para garantizar la seguridad en el edificio de  la calle Venezuela 3158”. O sea, a la dirección donde funcionó siempre. “Con esta realidad debe dictarse esta medida cautelar. Realidad que nos encuentra con la Escuela nro. 6 D.E. 6 cerrada por el GCBA (edificio de Venezuela) y otro establecimiento sin habilitar hasta la fecha por la propia demandada (edificio de Catamarca) y con el ciclo lectivo 2020 ya iniciado”, indicó el juez, quien le reprochó al Gobierno porteño no informar que el otro edificio seguía en obra: “Esta situación ni siquiera fue denunciada por la demandada en el expediente, conducta que a criterio del suscripto debiera haber seguido el GCBA según los principios de buena fe procesal. A ello debe sumarse que en el expediente conexo se intimó al GCBA, a pedido del sr. Asesor Tutelar, que informara si el edificio de la calle Catamarca se encontraba concluido, intimación ante la cual la demandada se limitó a guardar silencio”.

Se trata de una derrota política para un Gobierno que se empecinó en mudar un jardín contra la voluntad de todos los sectores involucrados. Incluso, en la actual inscripción on line obligó a las madres y padres a anotar a sus hijos bajo la nueva dirección: la del edificio que sigue en obra. Es probable que esto no termine acá y que el Gobierno porteño apele. No obstante, el juez indicó que “la efectivización de esta medida deberá ser informada directamente a este Tribunal en el plazo de diez (10) días”. El reloj corre para Acuña.

Previsiblemente, el gremio UTE-CTERA festejó la decisión, máxime luego de la inflexibilidad del Ministerio de Educación. “De esta manera, se cae el principal argumento del Ministerio de Educación que apelaba a la falta de seguridad de ese edificio para justificar su traslado a la `Manzana 66’, lo cual operaba como un cierre encubierto. La medida judicial destaca el contexto de `falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y constituye una respuesta urgente para garantizar un derecho que de otra forma sería conculcado por la gestión de Rodríguez Larreta`”, señalaron desde el gremio, que marchó la semana pasada para reclamar por los múltiples que afronta la educación pública en el distrito con mayor presupuesto de la Argentina.